La ignorancia del principio de
libre competencia económica por la Constitución Española de 1978, por efecto de
la consolidación histórica de las técnicas de intervención pública en la
economía, se proyecta en el artículo 128 que, sin reparar en las Comunidades
Europeas, incorporó el monopolio como un título de intervención pública, e
invalidó las previsiones constitucionales sobre los Órganos de Regulación
Económica.
El fortalecimiento del protagonismo social en la
economía y la incorporación de España a la dinámica institucional de la Unión
Europea, requiere subsanar estas carencias institucionales y corregir el modelo
gubernativo de intervención pública en la economía. Preciso es, en la necesaria
reforma de la Constitución: explicitar el principio de libre competencia
económica e incorporar los Organismos Reguladores como Comisionados
Parlamentarios, en garantía de su independencia en la regulación y supervisión
económica, y en beneficio de los derechos ciudadanos y de sus expectativas de
coherente gestión socioeconómica.
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