GÉNESIS DE LA LEY HIPOTECARIA DE 8 DE FEBRERO DE 1861.

    Con este estudio de nuestra primitiva Ley Hipotecaria, subsanamos una laguna jurídica de vital importancia: el análisis de dicha norma, sancionada el 8 de Febrero de 1861 por S. M. Isabel II y refrendada por su ministro de Gracia y Justicia, Santiago Fernández Negrete. Esta Ley, aunque fue comentada a finales del siglo XIX por el jurisconsulto Bienvenido Oliver y Esteller, nunca ha sido abordada desde una óptica histórico-jurídica que estudie sus antecedentes, principios inspiradores, naturaleza legal, fin, influjo legislativo, incidencia del proceso desamortizador en su confección, o motivo de su tramitación, en un período histórico en el que el factor nacionalista soslayaba la preparación de un Código Civil.

    Serán estas dificultades de elaboración las que, unidas a las previsiones de edición tardía de un cuerpo civil, impulsen a nuestro incipiente Estado liberal a la adopción, a partir del fracaso del proyecto de García Goyena, de la fórmula de leyes especiales. Con esta vía, se consiguieron regular de modo independiente aquellas materias civiles que demandaban un tratamiento legal urgente y actualizado a las nuevas exigencias de mediados del siglo xix. La primera norma que lograría ver la luz fue precisamente la Hipotecaria de 1861, a la que siguieron en un breve período de tiempo las Leyes Orgánica del Notariado (1862), Montes (1863),Aguas (1866), Minas (1868), Registro Civil (1870), o de Censos y Foros (1873), entre otras.

    Con el comienzo en 1858 de la ejecución de la segunda fase de la Ley Madoz (1855), se acelera la aprobación de dicha norma hipotecaria. Este factor debe entenderse dentro del apogeo que a finales de los años cincuenta e inicio de los sesenta tienen en España los estudios de estadística territorial. Con estos trabajos, empezados por el Estado progresista de 1854-1856, el Gobierno largo de O’Donnell intentaba suplir la falta de un catastro que reflejara la riqueza inmobiliaria del país.

    Las ideas económicas nacidas de la Ilustración y de la primera Revolución industrial encontraron escasa acogida en una España, dominada aún a principios del siglo XIX por el sistema señorial del Antiguo Régimen. Por entonces, nuestra propiedad inmobiliaria, controlada pero no registrada por la aristocracia o el clero, se hallaba amortizada y apartada del comercio, con la lógica presencia de gravámenes o cargas ocultas. De ahí que el nuevo Estado burgués, en sintonía con la nueva realidad europea, decida asegurar la titularidad de los bienes desamortizados que adquiera de las manos muertas, sintiendo así la necesidad de establecer un Registro de la Propiedad. Este deseo se materializaría en la Ley Hipotecaria de 1861.

    En este estudio se realiza un examen de la citada norma, probablemente la obra más conocida de Fernández Negrete. A este tenor se abordan los antecedentes históricos de nuestra legislación hipotecaria: los posibles precedentes remotos, mediatos e inmediatos de la norma objeto de investigación. En este sentido, la elaboración del último aspecto demandó la consulta de los fondos del Archivo de la Comisión General de Codificación. También, se ha prestado atención a la tramitación parlamentaria de la Ley, principios inspiradores, estructura, aplicación y fin, más el influjo en las normativas posteriores nacionales y foráneas, al igual que su valoración doctrinal.

    Por último, y a modo de epílogo, se ofrecen varias conclusiones acerca de la mencionada Ley de 1861.

(De la INTRODUCCIÓN)