AVERIGUACIÓN DE BIENES EN LA EJECUCIÓN CIVIL. Manual para la práctica de la investigación patrimonial del deudor.
- Sinopsis
- Índice
La grave crisis en la que estamos inmersos y la multiplicación de las reclamaciones crediticias que ha generado, han puesto de relieve la necesidad de contar con información patrimonial sobre los ejecutados. Gran parte de la eficacia de los procesos de ejecución descansa en la obtención, de forma rápida, fiable y fluida, de titularidades de los deudores. Pero conseguir dicha información dista de ser una tarea sencilla, pues son múltiples los registros, archivos y bases de datos, públicos y privados, accesibles o no para el ejecutante, en los que constan datos patrimoniales, con un dispar régimen jurídico.
Conocer dónde se encuentra la información, los entresijos para obtenerla y contrastarla, se revela esencial en el momento actual, en el que el éxito o fracaso de un proceso de ejecución depende directamente de la localización de solvencias de los deudores.
Esta obra viene precisamente a colmar esa necesidad: analizar de forma minuciosa y rigurosa los vericuetos procesales y administrativos que el acreedor ha de sortear para lograr el cobro de los créditos reclamados.
El trabajo está
especialmente dirigido a operadores jurídicos que desarrollan su actividad en
los procesos de ejecución, tales como procuradores, secretarios judiciales,
abogados y entidades financieras.
1. INTRODUCCIÓN
PARTE PRIMERA. DEUDA Y RESPONSABILIDAD. EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL UNIVERSAL EX ARTÍCULO 1911 CC Y EL PROCESO DE EJECUCIÓN
1. El principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 CC
2. Deuda y responsabilidad
3. Caracteres de la responsabilidad del artículo 1911 CC
4. Responsabilidad patrimonial universal y proceso
de ejecución
PARTE SEGUNDA.
INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES
Capítulo I. —Investigación patrimonial y tutela judicial efectiva
1. Tutela judicial efectiva y derecho a la ejecución
2. El derecho a recibir auxilio judicial para
localizar bienes del ejecutado
Capítulo II. —Investigación patrimonial e intimidad económica
1. Consideraciones generales
2. Noción de intimidad
3. La intimidad informacional
4. ¿Existe la denominada «intimidad económica»?
5. El supuesto especial de las personas jurídicas
6. El caso de los extranjeros
7. La injerencia en la intimidad patrimonial del ejecutado con ocasión del proceso de ejecución civil
8. El problema del carácter no orgánico de los
artículos 589 a 591 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Capítulo III. —Investigación patrimonial y protección de datos de carácter personal
1. El derecho fundamental a la autodeterminación informativa
2. Datos patrimoniales y proceso de ejecución
3. La imposición de cargas informativas al ejecutado en el proceso de ejecución
4. Cesión de datos patrimoniales por parte de terceros
5. El uso de los datos patrimoniales a los
exclusivos fines de la ejecución y sus excepciones
PARTE TERCERA.
INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y PROCESO CIVIL
Capítulo I. —La investigación patrimonial en el proceso civil
1. La ejecución por subrogación
2. Noción de investigación patrimonial
3. La eficacia de la ejecución y la investigación patrimonial
4. La investigación patrimonial como antecedente lógico y jurídico del embargo
5. La investigación patrimonial y la estructura del embargo
6. Los distintos modelos de investigación
patrimonial
Capítulo II. —La evolución legislativa de la investigación patrimonial en el orden civil
1. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855
2. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881
3. La Constitución de 1978
4. La Ley 34/1984, de 6 de agosto
5. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
6. La Ley 25/1995, de 20 de julio
7. Ley 13/1996, de 30 de diciembre
8. La Ley 51/1997, de 27 de noviembre
9. La Ley 66/1997, de 30 de diciembre
10. El Convenio de colaboración de 27 de mayo de 1998, entre el CGPJ y el Ministerio de Economía y Hacienda
11. El Convenio de colaboración de 14 de julio de 1998, entre el CGPJ y la Dirección General de Tráfico
12. La Ley 40/1998, de 9 de diciembre
13. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
14. El Convenio de colaboración de 17 de marzo de 2003, entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina.
15. Los diversos Convenios de colaboración celebrados a lo largo de los años 2003 y 2004, entre el CGPJ, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina, con las Comunidades Autónomas de Galicia, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Valencia, Madrid y Cataluña.
16. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
17. La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial
18. El Convenio de colaboración de 24 de febrero de 2004, entre el CGPJ y el Registro Mercantil Central
19. El Convenio de colaboración de 9 de julio de 2007, entre el CGPJ y la Dirección General del Catastro
20. Los dos Convenios de colaboración de 16 de noviembre de 2007, entre el CGPJ y la Asociación Española de Banca, y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA)
21. El Convenio de colaboración de 3 de diciembre de 2007, entre el CGPJ y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España.
22. El Convenio de colaboración de 17 de diciembre de 2007, entre el CGPJ y el Servicio Público de Empleo Estatal
23. La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial
24. El Convenio de colaboración de 7 de septiembre de 2010, entre el CGPJ y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
25. Breve referencia a otros órdenes jurisdiccionales
26. Conclusiones: la inexistencia de un modelo de
investigación patrimonial único
Capítulo III. —La investigación patrimonial en el Derecho comparado
1. Consideraciones preliminares. La multiplicidad de modelos indagatorios
2. Derecho alemán
3. Derecho francés
4. Derecho portugués
5. Breve referencia a otros modelos legislativos
PARTE CUARTA. LA
DETERMINACIÓN INTRAPROCESAL DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR
Capítulo I. —La manifestación de bienes del ejecutado
1. Concepto y naturaleza jurídica
2. Precedentes históricos y legislativos
3. La tramitación parlamentaria del art. 589 LEC
4. Las reformas introducidas por la Ley 13/2009
5. La constitucionalidad del requerimiento al ejecutado
6. Presupuestos para su aplicación
7. Ámbito subjetivo del deber de manifestar bienes
8. Ámbito objetivo del deber de declarar: el contenido del requerimiento
9. Práctica del requerimiento
10. La contestación al requerimiento
11. La oposición del ejecutado a la manifestación de sus bienes
12. El incumplimiento o cumplimiento defectuoso
del deber de manifestar bienes
Capítulo II. —La colaboración forzosa de terceros en la investigación procesal del patrimonio del ejecutado
1. Del art. 1454 de la LEC de 1881 a los artículos 590 y 591de la actual LEC
2. La tramitación parlamentaria del art. 590 LEC
3. La tramitación parlamentaria del art. 591 LEC
4. Las reformas introducidas por la Ley 13/2009
5. El ámbito objetivo de la investigación
6. El ámbito subjetivo de la investigación: las personas obligadas a colaborar
7. Presupuestos y requisitos para su aplicación
8. El auxilio judicial y sus límites
9. Los convenios de colaboración suscritos por el CGPJ como cauce estandarizado de auxilio judicial
10. El Punto Neutro Judicial y la Oficina de Averiguación Patrimonial
11. El deber de los terceros de suministrar información patrimonial
12. La solicitud de información: momento y forma
13. La contestación al requerimiento: tiempo y forma
14. La desatención del deber de colaboración
15. Los costes derivados de la investigación judicial
16. El uso simultáneo de los distintos
instrumentos de averiguación patrimonial
Capítulo III. —Las concretas fuentes de indagación sobre datos patrimoniales inaccesibles al ejecutante
1. El carácter fragmentario y asimétrico de las fuentes de investigación
2. La obtención de información patrimonial del sector privado
3. El acceso a los datos patrimoniales en poder de las administraciones públicas
4. Registros, archivos y bases de datos de la AEAT
5. El Catastro inmobiliario
6. La información patrimonial en poder de la Administración Autonómica y Local
7. Fuentes de información sobre sueldos, salarios, pensiones, prestaciones y subsidios
8. Los Registros de la Dirección General de Tráfico
9. Otros registros, archivos y bases de datos
PARTE QUINTA. LA
DETERMINACIÓN EXTRAPROCESAL DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR
Capítulo I. —La investigación del ejecutante.
1. Ámbito y límites de la investigación del ejecutante
2. Relaciones previas e indicios y signos externos
3. Manifestación voluntaria de bienes
4. Los denominados informes comerciales
5. Los costes de la investigación patrimonial
extraprocesal
Capítulo II. — Las concretas fuentes de indagación sobre datos patrimoniales accesibles al ejecutante
1. Fuentes de información sobre bienes inmateriales
2. Los bienes muebles registrables
3. El Registro de la propiedad: la información sobre bienes inmuebles y el servicio de índices
4. El Registro mercantil
5. Registros, archivos y bases de datos de la Administración de Justicia
6. Los Registros de solvencia patrimonial y crédito
7. El Registro Civil
8. Los Registros de intereses de los cargos públicos
9. Otros registros y fuentes de información
patrimonial
CONCLUSIONES
RELACIÓN DE RESOLUCIONES CITADAS
BIBLIOGRAFÍA