ACCESO A LA JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO.

.auto-style1 { font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; } .auto-style2 { font-size: x-small; } .auto-style3 { font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: x-small; }      Desde antaño el Derecho se ha ocupado de la regulación de la vida de las personas. Al mismo tiempo, estas han exigido que se respeten sus derechos, generando el sentimiento de convivencia justa en la sociedad. Toma así un cariz diferenciado el tema de los derechos fundamentales, pues no sirve el mero reconocimiento de los mismos, sino que es necesario contar, en un Estado social y democrático de Derecho, con medios idóneos que aseguren su propia efectividad. Y el acceso a la justicia es el derecho, por excelencia, capaz de garantizar la entrada a tal finalidad.

    En el presente estudio monográfico se ha centrado la atención, con una visión teórico-práctica, en el examen de la relación, que no confusión, entre el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso. El análisis contempla diferentes escenarios propios del Derecho Comparado, con especial referencia al área latinoamericana y, más particularmente, a la actual realidad chilena, en la que pese a la relevancia del derecho de acceso a la justicia este no goza de reconocimiento normativo formal, no obstante lo cual, su reconocimiento sí ha sido consagrado, tanto en el plano interno como externo (jurisprudencia de la Corte IDH). Todo ello lleva a hablar de un acceso a la justicia lato sensu, entendido como “la realización de la justicia” (Cançado), para conducirnos por “el camino de la igualdad y la solidaridad social, fortalezas que resguardan y preservan la libertad”; el llamado “Estado de Justicia” (Morello).

    El derecho de acceso a la justicia se alza así como una realidad material: el principal y más importante de los derechos (Cappelletti, Garth) o el “derecho de los derechos” (Cançado); que junto al debido proceso bien puede configurar un “modelo constitucional de juicio justo” (Vallespín). Sin duda, una obra útil y necesaria para los profesionales del Derecho, así como para los investigadores del Derecho Constitucional y el Derecho Procesal.