Una de las primeras características de los primeros fueros locales castellanos
fue la simplicidad y el reducido número de preceptos. No se regulan en ellos
situaciones que, con toda seguridad, se plantearían cotidianamente. No hay
disposiciones para regular la herencia, los esponsales, la dote, el matrimonio,
las obligaciones, contratos y servidumbres. La mayor parte de las figuras
criminales están ausentes ¿Acaso no había ladrones, incendiarios, violadores o
adúlteros en esas localidades? Igualmente, la ausencia de normativa sobre el
proceso judicial hace sospechar que existía otro derecho paralelo al contenido
en los fueros locales.
Esta obra plantea que el derecho visigodo del Liber Iudiciorum siguió vigente en
Castilla como derecho o costumbre general y que, por ejemplo, la regulación de
determinados delitos en los fueros municipales y la exclusión de otros, se debe
a que el rey menciona sólo aquellos crímenes sobre los que renunciaba al cobro
íntegro de la pena pecuniaria en beneficio de la villa. Son, pues, parte de la
lista de ventajas económicas otorgadas a los pobladores. En última instancia no
fue la política criminal la que justificó su inclusión en el texto foral, sino
la política repobladora del monarca.
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