La novedad del delito de corrupción privada (o «soborno entre particulares) y
las cuestiones que plantea exigen el estudio detallado de su regulación en
nuestro ordenamiento. Cómo entendamos y apliquemos esta figura delictiva puede
afectar a cualquier sector de actividad privada y a ciertas políticas
comerciales y mercantiles de las empresas para cerrar negocios (entrega de
regalos, obsequios, invitaciones a espectáculos, etc.), que podrían ser
subsumibles en el delito.
Uno de los ejemplos pueden ser las prácticas de determinados sectores, como el
sanitario o farmacéutico. Por ello, la forma de prevenir y atajar esta forma de
corrupción ha de ser una prioridad para la cultura corporativa de las empresas,
que se debe plasmar en la implantación de programas de compliance adecuados y
eficaces; máxime cuando, con independencia de la localización de su sede o de
sus negocios, podría ser factible su persecución penal por la aplicación
extraterritorial de numerosas normas (Código Penal, Travel Act, Bribery Act
2010, etc.) que castigan esta conducta.
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