DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD. Informe España 2018. Especial relevancia en cuanto a la protección, promoción y garantía del derecho al trabajo digno.
La Fundación CERMI Mujeres presenta su segundo informe sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad en España, correspondiente al 2018, que se orienta particularmente en esta ocasión al examen de la protección, promoción y garantía del derecho al trabajo digno.
De lo más general a lo más particular, se registran los avances internacionales y europeos producidos en 2018 que tuvieron repercusión directa en las mujeres y niñas con discapacidad. Además, el informe repasa y analiza la legislación estatal y autonómica más relevante del año relativa a los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad y, que, en busca de una justicia social, abraza en muchos casos la igualdad substantiva, la interseccionalidad y elabora mecanismos para luchar contra la discriminación y la desigualdad social en las mujeres y niñas con discapacidad.
Por último, y en consonancia con el 8 de marzo de 2019, el informe contiene un trabajo de investigación sobre la situación real y actual de las mujeres con discapacidad en relación al acceso y derecho al trabajo digno. El presente informe se ha construido teniendo en consideración los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Se han utilizado, en concreto, el indicador de la meta 5.1 (igualdad de género) y los indicadores de la meta 8.5 (trabajo decente y crecimiento económico. Del completo informe, elaborado por la Delegación de Derechos Humanos de la Fundación CERMI Mujeres, se desprenden tres grandes denuncias: falta de acceso al empleo; desigualdad en el salario y precarización laboral.
Los contenidos y los análisis de este documento se encaminan a precipitar el cambio social que esperan las mujeres y niñas con discapacidad para ver asentados y respetados sus derechos. Interpela por tanto al gobierno, al poder legislativo, al sistema de justicia, a los poderes públicos en su globalidad, así como al movimiento asociativo de la discapacidad, al activismo feminista y a la sociedad en general.