La dimensión objetiva de los
derechos sociales se configura como mandato constitucional articulado en
obligaciones jurídicas objetivas, fundamentalmente para los poderes legislativos
y ejecutivos, que permiten la deducción posterior de derechos subjetivos. Este
aspecto subjetivo se puede caracterizar por un efecto reflejo que posibilita
eventualmente fundamentar demandas de defensa por inactividad, negligencia o
reversibilidad de medidas públicas que infrinjan el mandato constitucional. La
dimensión objetiva de los derechos sociales implica deducir que estos
constituyen fuentes potenciales de competencias públicas, tanto en el sentido
técnico de títulos competenciales con los que siempre se pueden interrelacionar,
como de habilitación a la intervención pública y a la prestación en favor de la
sociedad en la materia. Los derechos sociales son inseparables de las
competencias, es decir, del contenido objetivo interrelacionado hasta el punto
que su dimensión subjetiva depende de su intermediación.
Introducción.
1. Los derechos de prestación como categoría
normativa.
1.1. La contraposición entre los derechos de
defensa y los derechos de prestación
1.2. Las implicaciones de los derechos de
prestación: la heterogeneidad de criterios materiales para su caracterización y
la necesidad de configuración normativa.
1.3. Los destinatarios de los derechos de
prestación: los poderes públicos y la extensión de obligaciones a las personas
privadas.
1.4. El contenido prescriptivo y el efecto reflejo
de los derechos de prestación: la articulación de sus garantías.
2. Los derechos sociales como categoría
material.
2.1. Finalidad y contenido de los derechos
sociales
2.2. La necesidad de concreción normativa de los
derechos sociales.
2.3. La dependencia de la protección jurídica de
los derechos sociales de la regulación normativa infraconstitucional.
2.4. La condicionabilidad y la irreversibilidad de
los derechos sociales.
2.5. La relación de los derechos sociales con el
principio de igualdad.
2.6. La interrelación de los derechos sociales con
las políticas públicas de alcance social.
3. La proyección social de la Constitución: una
implementación multinivel
3.1. La descentralización de los derechos sociales
3.2. La implementación multinivel de los derechos
sociales y civiles como función concurrente de los poderes públicos
3.3. El solapamiento del reconocimiento
estatutario del derecho por la implementación de una política pública autonómica
de carácter social: el derecho al medio ambiente.
3.4. La implementación de la política pública
autonómica de asistencia y protección social como mecanismo de creación de
derechos sociales y derechos civiles con repercusión social.
3.5. La inexistencia de un derecho estatutario a
la asistencia sanitaria al margen de la política pública integral de sanidad
pública: el derecho a la salud.
3.6. La articulación de una política pública
autonómica de protección mediante derechos estatuarios interrelacionados con una
pluralidad de títulos competenciales del Estado: derechos de los consumidores.
3.7. La inexistencia de un derecho al margen de la
implementación de una política pública autonómica propia: el derecho a una
vivienda digna.
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.Estoy de acuerdo
