EN TORNO AL PROCESO.

    El artículo 24.1 de la
Constitución Española establece que todas las personas tienen derecho a obtener
tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e
intereses legítimos. Atento a que se trata de órganos judiciales, la tutela en
cuestión no puede provenir sino del ejercicio de la función jurisdiccional,
materializada en el dictado de una sentencia que resulte tanto eficaz como
eficiente. Lo primero se logra a partir del dictado de un pronunciamiento que
resulte verdaderamente ajustado a derecho; lo segundo, en cambio, de la mano de
un decisorio que requiera para su emisión de la menor utilización de recursos
posible, especialmente tiempo.

    Luego, si al
proceso se lo concibe como es debido, esto es, como una empresa metódica de la
que se valen los Jueces para adquirir el mejor conocimiento posible de los
hechos de la causa respecto de la cual deben ejercer su función jurisdiccional,
no pueden caber dudas de que el mismo se vuelve una verdadera garantía de
imparcialidad y eficacia para los justiciables. De modo tal que se constituye
aquél, en cuanto instrumento epistémico de los órganos judiciales del Estado, en
condición necesaria -aunque no suficiente- de la tutela efectiva garantizada a
nivel constitucional.

    Fue a raíz de
comprender esto último que el autor se adentró en el estudio minucioso de un
conjunto de elementos de Teoría General del Proceso, convencido de que la
concepción tradicional que se tiene de los mismos, necesita de una vuelta de
tuerca. El resultado de dicha investigación se encuentra volcado en la presente
obra ensayística, donde se realiza un novedoso análisis de una serie de
instituciones que giran en torno del proceso judicial; valiéndose al efecto no
sólo de las herramientas que pertenecen a la clásica dogmática jurídica sino
también de ciertos métodos que son más bien propios de otras ciencias sociales o
de saberes aún más generales, como es el caso de la economía, la sociología, la
filosofía o incluso la psicología.