La consecución de los fines que
justifican la contratación de servicios exige la equivalencia entre el precio y
las prestaciones que son su objeto. Esta obra se centra en la importancia que
tiene la correcta determinación del precio para garantizar la viabilidad de los
servicios, así como para responder al cumplimiento de otras obligaciones, en
materia social o laboral, que los poderes públicos deben cumplir en la defensa
del interés general que les compete.
En este sentido, se analizan los mecanismos existentes para
configurar el contrato de manera equilibrada, asegurando la legalidad social, en
la fase inicial del contrato. Asimismo, se examinan las técnicas disponibles
para restablecer el equilibrio económico de los contratos de servicios,
diferenciando la revisión de precios, como técnica común que permite determinar
a priori las variaciones económicas del contrato, de las técnicas especiales (el
ius variandi, el factum principis y la doctrina del riesgo imprevisible), que
son medidas correctoras para hacer frente a desequilibrios económicos no
previstos que surgen durante la prestación.
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