A punto de cumplirse cuarenta años de la firma de los Acuerdos
entre la Iglesia y el Estado es posible plantear su vigencia actual para una
sociedad secularizada muy diferente a la de los inicios de la Transición, y que
se expresa políticamente de forma más plural y diversa, con la irrupción de
nuevos partidos de fuerte implantación, que hacen más complejo e inestable el
sistema político actual.
Con propuestas que van
desde la permanencia de los Acuerdos hasta su denuncia, parece claro que es
necesario encontrar nuevos consensos que partan de la base de la obligación del
Estado de garantizar un espacio público inclusivo, que vea el hecho religioso
como expresión de un derecho fundamental de la persona que conlleva el respeto a
la libre expresión de esos sentimientos religiosos, aunque dentro de un marco de
aconfesionalidad y libertad religiosa.
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