INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN EL PROCESO PENAL, LA. Análisis doctrinal, legislación y jurisprudencia.
Autor:
RIVES SEVA, A.P.
Editorial:
Editorial Bosch
Páginas:
462
Edición:
1
Fecha de publicación:
23/02/2010
ISBN:
9788497905442
80,08€76,08€
Entrega en 48/72 horas
Sinopsis
Índice
La polémica surgida
recientemente en torno a las garantías del Sistema Integrado de Interceptación
de Telecomunicaciones (SITEL), de la que se han hecho eco todos los medios de
comunicación, patentiza la importancia y actualidad del tema, del que el autor,
Fiscal de profesión, nos ofrece su personal elaboración, fruto de una prolongada
labor de investigación, unida a su experiencia práctica.
De forma sistemática expone la
variada y compleja problemática jurídica que presenta la detención y apertura de
la correspondencia escrita y telegráfica, partiendo de la Ley 24/1998, de 13 de
julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios
Postales. El concepto constitucional de correspondencia, los paquetes postales y
la detección de su contenido, los requisitos de la resolución habilitante; los
casos especiales de paquetes con etiqueta verde, de contenido identificado, etc.;
el registro de equipajes y ordenadores; la intervención del correo electrónico y
la entrega vigilada de drogas y objetos prohibidos.
Especial importancia tiene en
estos momentos la intervención telefónica, por la incidencia de la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; la Ley 25/2007, de 18 de
octubre, de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y
a las Redes Públicas de Comunicaciones; y el Reglamento sobre las condiciones
para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio
universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005,
de 15 de abril; así como de las SSTEDH de 30 de julio de 1998 (caso Valenzuela
Contreras) y 18 de febrero de 2003 (caso Prado Bugallo) y del Auto de inadmisión
de 25 de septiembre de 2006, dictado en el caso Abdulkadir Coban contra España.
Con ese trasfondo estudia los requisitos de la resolución judicial habilitante:
motivación, indicios, las Diligencias Indeterminadas, los principios de
proporcionalidad, subsidiariedad, necesidad y especialidad; y los problemas
procesales respecto a la audición, autenticidad, selección y trascripción de las
cintas, conversaciones en lengua extranjera, reproducción en el juicio oral,
identificación de la voz, etc.
Analiza también los problemas
que presentan la grabación de conversaciones propias, colocación de aparatos de
escucha y grabación en lugar cerrado, intervención de comunicaciones en el
ámbito penitenciario; así como la extensión del objeto del derecho al secreto de
las comunicaciones: obtención de listado telefónico, examen de la memoria del
teléfono móvil, obtención del código de identificación del teléfono móvil,
rastreo policial para obtención de la clave IP del ordenador, etc.
Como recapitulación trata
de los efectos de la prueba ilícita en relación con todos esos temas; prestando
finalmente especial atención a la jurisprudencia del TEDH en torno al artículo 8
del Convenio Europeo, presentando más de una centena de sentencias, quizá todas
las dictadas por el Tribunal, cuya lectura es imprescindible para comprender el
interés supranacional que durante muchos años ha tenido la materia.
CAPÍTULO I
El derecho al secreto de las comunicaciones
1. Fuentes legales
2. Su relación con el derecho a la intimidad
3. Contenido y límites: la intervención de las
comunicaciones
CAPÍTULO II
Detención y apertura de la correspondencia
escrita y telegráfica
1. Fuentes legales
2. Alcance del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones postales
3. Concepto constitucional de correspondencia
4. Extensión de la protección a los paquetes postales
5. Actividad previa a la apertura: la detección del contenido del envío
5.1. Empleo de rayos X
5.2. Punción del paquete
5.3. Doctrina del Tribunal Constitucional
6. Requisitos para la detención y apertura de la correspondencia
6.1. La intervención judicial: la motivación del Auto habilitante y la
existencia
de sospechas fundadas.
6.2. Duración de la medida
6.3. Detención de la correspondencia
6.4. La citación del interesado
6.4.1. Efectos de la falta de citación
6.4.2. Concepto de interesado
6.4.3. Error en el destinatario
6.5. Forma de realizar la apertura
6.6. Asistencia letrada
6.7. Efectos de la inobservancia de los requisitos necesarios
7. Excepciones
7.1. Paquetes con etiqueta verde
7.2. Conformidad con la apertura de oficio
7.3. El consentimiento para la apertura
7.4. Paquetes de contenido identificado
7.5. Paquetes de características que evidencien no contener correspondencia
8. Apertura efectuada en el extranjero
9. Apertura de objetos relacionados con la investigación
9.1. El registro de equipajes
9.2. Registro de ordenadores
10. La intervención del correo electrónico
11. Entrega vigilada de drogas y objetos prohibidos
11.1. Concepto
11.2. La reforma de la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero
11.3. La cuestión en la jurisprudencia
CAPÍTULO III
Intervención telefónica
1. Concepto
2. Naturaleza jurídica
3. Fuentes legales: la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo
3.1. La situación anterior a la Ley Orgánica 4/1988
3.2. La regulación actual: el artículo 579 LECrim
3.2.1. El número segundo
3.2.2. El número tercero
3.2.3. El número cuarto
3.2.4. Valoración crítica de la reforma
4. Reseña jurisprudencial
5. El secreto de las diligencias como presupuesto lógico de la intervención
telefónica
6. Existencia de indicios delictivos como requisito para acordar la intervención telefónica
6.1. Estudio de la doctrina cientuica
6.2. La cuestión en la jurisprudencia
6.2.1. Doctrina del Tribunal Supremo
6.2.2. Doctrina del Tribunal Constitucional
7. Ubicación procesal de la intervención telefónica
8. Requisitos
8.1. Motivación de la resolución que la acuerde
8.1.1. Estudio de la doctrina científica
8.1.2. La cuestión en la jurisprudencia
8.1.3. Motivación por remisión al oficio policial
8.1.4. Motivación de la prórroga de intervención telefónica
8.2. Principio de proporcionalidad
8.3. Principios de subsidiaríedad y necesidad
8.4. Principio de especialidad
8.4.1. Los encuentros casuales. La cuestión en la jurisprudencia
8.4.2. Los encuentros casuales. Estudio de la doctrina científica
8.5. Control judicial
8.6. Competencia
8.7. Determinación de la medida y sus límites
8.7.1. Límite subjetivo
8.7.2. Límite objetivo
8.7.3. Límite temporal
9. Interceptación de otras señales de comunicación
10. Cuestiones procesales
10.1. Audición, autenticidad, selección y transcripción de las cintas
10.2. Conversaciones en lengua extranjera
10.3. Reproducción de la grabación en el juicio oral: por audición y por lectura
de
las transcripciones.
10.4. Identificación de la voz: la prueba fonométríca. Alcance y consecuencias
de
su falta de práctica.
10.5. Las cintas como piezas de convicción
10.6. Naturaleza documental de las grabaciones magnetofónicas
10.7. Forma y momento procesal para proponer la prueba
10.8. Habilitación de escuchas telefónicas procedentes de diligencias distintas
a las
que corresponden al juicio.
10.9. Destino final de las cintas
10.10. Intervención telefónica efectuada en el extranjero
10.11. El Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL)
10.12. Efectos: inobservancia de los requisitos de dimensión constitucional y de
legalidad ordinaria. La conexión de antjurididdad.
11. Recapitulación
12. La actuación del Ministerio Fiscal
12.1. Actuación en la fase de instrucción
12.2. Posibilidad de sanear el procedimiento en un momento ulterior
12.3. Fase intermedia y juicio oral
12.4. Recursos contra la sentencia
12.5. Legitimación del Ministerio Fiscal para invocar la vulneración del derecho
a
la tutela judicial efectiva.
12.6. Efectos de la falta de notificación al Ministerio Fiscal del auto por el
que
se
acuerda la intervención telefónica.
CAPÍTULO IV
Grabación de conversaciones propias
1. Doctrina del Tribunal Constitucional
2. Doctrina del Tribunal Supremo
CAPÍTULO V
Colocación de aparatos de escucha y grabación
en lugar cerrado
1. La cuestión en la doctrina científica
2. Estudio de la jurisprudencia
CAPÍTULO VI
Intervención de las comunicaciones en el ámbito
penitenciario
1. Comunicaciones genéricas
1.1. Comunicaciones orales
1.2. Comunicaciones escritas
1.3. Comunicaciones telefónicas
1.4. Requisitos comunes de la intervención
2. Comunicaciones específicas con Abogados y Procuradores
3. Comunicaciones con autoridades y profesionales
4. Comunicaciones entre internos
4.1. Comunicaciones escritas
4.2. Comunicación telefónica
CAPÍTULO VII
Extensión del objeto del derecho al secreto de
las comunicaciones
1. Estudio de la doctrina científica
2. Doctrina del TEDH
3. Posición de la Fiscalía: La Consulta 1/1999
3.1. Extensión material
3.2. Extensión temporal
3.3. Los datos de tráfico como datos personales sujetos a tratamiento
automatizado.
3.3.1. Alcance de la normativa sectorial
3.3.2. Principio de protección reforzada de los datos sensibles
3.3.3. Principio de protección más amplia
3.4. Conclusión: la necesidad del proceso judicial
4. La cuestión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo
4.1. Obtención de listado telefónico
4.2. Obtención de listado de envío de paquetes
4.3. Averiguación del número telefónico
4.4. Examen de la memoria del teléfono móvil
4.5. Obtención del código de identflcación del teléfono móvil
4.6. Rastreo policial para obtención de la clave IP del ordenador
5. Doctrina del Tribunal Constitucional
6. La Ley 25/2007, de 18 de octubre, de Conservación de Datos Relativos a
las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones.
CAPÍTULO VIII
La ilicitud de la prueba por vulneración del
derecho al secreto de las comunicaciones
1. La prueba ilícita: El artículo 11.1 de la LOPJ
2. Prueba irregular y prueba ilicita
3. El efecto reflejo de la prueba ilícita
3.1. Doctrina del Tribunal Supremo
3.2. Doctrina del Tribunal Constitucional
4. Legitimación para invocar la violación del derecho al secreto de las
comunicaciones
5. Momento procesal en el que se ha de cuestionar la validez de
la prueba
6. Impugnación de la declaración de nulidad de la prueba
6.1. Cauce procesal
6.2. Legitimación del Ministerio Fiscal
6.3. Efectos
CAPÍTULO IX
Jurisprudencia del TEDH en torno al artículo 8
del CEDH
1. Caso Golder: Sentencia de 21 de febrero de 1975
2. Caso Klass: Sentencia de 6 de septiembre de
1978
3. Caso Silver: Sentencia de 25 de marzo de 1983
4. Caso Malone: Sentencia de 2 de agosto de 1984
5. Caso Campbell y Fell: Sentencia de 28 de junio
de 1984
6. Caso Boyle y Rice: Sentencia de 27 de abril de
1988
7. Caso Schönenberger y Durmaz: Sentencia de 20 de
junio de 1988
8. Caso Schenk: Sentencia de 12 de julio de 1988
9. Casos Kruslin y Huvig: Sentencias de 24 de
abril de 1990
10. Caso McCallum: Sentencia de 30 de agosto de
1990
11. Caso Pfeifer y Plankl: Sentencia de 25 de
febrero de 1992
12. Caso Margareta y Roger Andersson: Sentencia de
25 de febrero de 1992.
13. Caso Thomas Campbell: Sentencia de 25 de marzo
de 1992
14. Caso Niemietz: Sentencia de 16 de diciembre de
1992 1
15. Casos Funke, Crémieux y Miailhe: Sentencias de
25 de febrero de 1993.
16. Caso Sra. A. contra Francia: Sentencia de 23
de noviembre de 1993
17. Caso Calogero Diana: Sentencia de 15 de
noviembre de 1996
18. Caso Domenichini: Sentencia de 15 de noviembre
de 1996
19. Caso Halford: Sentencia de 25 de junio de 1997
20. Caso Koop: Sentencia de 25 de marzo de 1998
21. Caso Lambert contra Francia: Sentencia de 24
de agosto de 1998
22. Caso Petra: Sentencia de 23 de septiembre de
1998
23. Caso A.B. contra Holanda: Sentencia de 29 de
enero de 2002
24. Caso Jankauskas contra Lituania: Sentencia de
24 de febrero de 2005
25. Caso Matheron contra Francia: Sentencia de 29
de marzo de 2005
26. Caso Argenti contra Italia: Sentencia de 10 de
noviembre de 2005
27. Caso Copland contra Reino Unido: Sentencia de
3 de abril de 2007
28. Caso Reyhan contra Turquía: Sentencia de 23 de
septiembre de 2008
29. Caso Liberty y otros contra Reino Unido:
Sentencia de 1 de julio de 2008
30. Caso Valenzuela Contreras contra España:
sentencia de 30 de julio de 1998
31. El caso Prado Bugallo contra España: Sentencia
de 18 de febrero de 2003.
32. El caso Abdulkadir Coban contra España: Auto
de 25 de septiembre de 2006
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