La responsabilidad penal de las
personas jurídicas se introdujo en 2010 en el art. 31 bis del Código Penal para
castigar los delitos que cometen los directivos o empleados de las empresas en
nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho. La reforma del texto
punitivo, operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha venido a
ampliar el catálogo de responsables penales por la comisión de esos delitos,
introduciendo también a las propias personas jurídicas en cuyo seno se perpetran
cuando en las mismas no se disponga de un modelo de prevención y control de
delitos o plan de cumplimiento (compliance).
Todo ello supone que las empresas
han de adaptarse a las nuevas exigencias legales. La presente obra ofrece las
claves para hacerlo, adaptada a la interpretación de la Fiscalía General del
Estado y a las sentencias del Tribunal Supremo de 2016. Divide su estudio en
tres módulos: el compliance officer y el alcance de la responsabilidad de las
personas jurídicas; el programa de compliance: requisitos que deben cumplir los
Modelos de Prevención de Delitos, y, finalmente, un comentario teórico-práctico
de aquellos delitos que deben ser objeto de prevención y de control de las
actividades de compliance.
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