Durante el año 2015 las reformas acometidas en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal han ido encaminadas, esencialmente, al fortalecimiento
de las garantías procesales, la agilización de la justicia penal y la regulación
de las medidas de investigación tecnológica. Con respecto a esta última
cuestión, aunque la ausencia de previsión legal no había sido obstáculo para que
el juez instructor acordara la práctica de diligencias de instrucción de
carácter tecnológico, eran numerosas las voces que exigían al legislador una
regulación expresa. En este sentido, a través de la LO 13/2015 se da cobertura
legal a las medidas de investigación tecnológica.
En la actualidad, la norma procesal establece
mecanismos de investigación que, como la interceptación de las comunicaciones
telemáticas, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, o el
registro remoto sobre equipos informáticos, hacen uso de medios tecnológicos en
aras a investigar el delito.
En la obra se realiza un examen descriptivo de la
actual regulación que se complementa con una visión crítica. La finalidad, en
última instancia, es ofrecer un análisis detallado de las medidas de
investigación tecnológica así como sugerir elementos de reflexión que permitan
valorar su alcance y eficacia.
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