La reforma operada por la L.O. 7/2015, de 21 de julio, en la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en particular, en su recurso de
casación, supone una verdadera revolución procesal, en la que la admisión pasará
a ser una decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo basada en la
existencia del denominado «interés casacional objetivo», imponiéndole al
recurrente la carga procesal de justificar que en su caso concurre alguna de las
causas que lo generaría, sin que la correcta invocación formal de cualquiera de
ellas determine la admisión del recurso, pues será en última instancia el
Tribunal quien, según su propio criterio, seleccionará los asuntos que
objetivamente deban dar lugar a una interpretación uniforme.
Consecuentemente, ello va a exigir del juzgador una aproximación al recurso en
la que ya no se busque únicamente la concurrencia de infracciones normativas,
sino la existencia de relevancia casacional lo que, en puridad, supone un cambio
de mentalidad de enorme trascendencia, no en vano, se pasa de proteger y
reparar, como primera prioridad, los derechos subjetivos de los litigantes a
salvaguardar la unidad del ordenamiento jurídico a través de la formación de
Jurisprudencia, y todo ello, huelga decirlo, sin menoscabo de la tutela judicial
efectiva del recurrente.
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