La Constitución en su artículo primero proclama la libertad
como uno de los valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Pese a
su papel capital en cualquier sociedad democrática, las Administraciones
públicas se han apoyado en el orden público y, más recientemente, en la dignidad
de la persona, para justificar medidas de limitación de la libertad.
Este libro aborda cuatro
cuestiones (vestimenta, comunicación comercial y audiovisual, ocio y uso de
banderas) donde se analiza y observa la extrema dificultad que supone para la
autoridad pública el tener que trazar, desde el mundo del Derecho, una frontera
coherente entre el debido respeto al citado valor constitucional y la necesidad
de preservar la moral pública.
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