PEDRO DORADO MONTERO Y EL CORRECCIONALISMO ESPAÑOL. El difícil desafío de humanizar el Derecho Penal.

Autor:
PASCUAL MATELLÁN, LAURA
Editorial:
Tirant lo Blanch
Páginas:
522
Edición:
1
Fecha de publicación:
19/01/2021
ISBN:
9788413139852
42,75
Entrega en 48/72 horas

    El Correccionalismo penal fue una Escuela de "entretiempo", pues surgió cuando la Escuela Clásica estaba en declive y comenzaba a configurarse la Escuela Positiva. De origen krausista, se constituyó en una Alemania que decidió no reparar demasiado en ella y fue en España donde encontró su mayor desarrollo y esplendor. La fuerza intelectual de los krausistas españoles y la propia idiosincrasia del pueblo español posibilitaron el gran calado que el pensamiento correccionalista tuvo en este país. En unos tiempos en los que el castigo, la disuasión y la inocuización parecían ser el centro de la reflexión penal, las miradas correccionalistas ofrecían una pequeña esperanza a todos los que consideraban que el Derecho Penal podía y debía ser algo distinto.

    El correccionalismo es planteado como una filosofía sustitucionista del castigo al pretender que las penas no tengan una función retributiva, sino correccional, y así conseguir la humanización del Derecho Penal como reflejo del "ideal de la humanidad para la vida" pretendido por Krause. Sin embargo, fue en la obra del penalista Pedro Dorado Montero donde esta teoría penal consigue llegar a su máxima evolución, desarrollo y fundamentación. Esta monografía le ofrece al lector un viaje a las entrañas del pensamiento penal a través de las escuelas más importantes del siglo XIX, del triunfo de la criminología científica, de las ideologías en auge (socialismo y anarquismo), de la lucha del movimiento obrero y de los ojos de Pedro Dorado Montero, que fue testigo de los acontecimientos y dedicó, desde su cátedra en la Universidad de Salamanca, todos sus esfuerzos para conseguir las bases para un nuevo Derecho Penal. Estas bases supusieron la mayor apología de la prevención especial positiva jamás escrita y cuyo eco parecen escuchar los que encuentran en el artículo 25.2 del texto constitucional español el ansiado equilibrio entre los Derechos Humanos y el Derecho Penal.
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