Una de las aportaciones más sobresalientes de la ley de enjuiciamiento civil, sin precedentes en la pretérita legislación procesal española, ha consistido en regular la pretensión procesal. Su importancia estriba en que con su ejercicio se podrá pretender de los tribunales tutela jurisdiccional mediante su ejercicio inclusivo al ser un derecho que se reconoce a todas las personas entendido como un imperativo de orden público procesal que habilita, con carácter general, a que el tribunal ampare cualquier clase de tutela jurisdiccional que esté expresamente prevista por la ley.
Su trascendental irrupción en la ley de enjuiciamiento civil obliga a su definitiva delimitación conceptual respecto del derecho de acción como concepto constitucional, así como del derecho de acción como derecho subjetivo por lo que se hace imprescindible su vivificación que expulse de su ámbito los conceptos que la usurpan.
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