PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, LA. En especial de la Administración de Justicia.
- Sinopsis
- Índice
La Administración pública y sus empleados no son ajenos a la aplicación plena de la normativa preventiva, salvo aquellas excepciones que sean dignas de tal calificativo; por ejemplo, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, la recepción plena de la normativa preventiva en el ámbito de la Administración Pública, ha generado una verdadera desnaturalización de la protección preventiva, convirtiendo este ámbito de aplicación en el perfecto antónimo de la enfática vocación universalizadora de la Ley.
El análisis de los textos normativos, sus antecedentes, el marco constitucional en el que se ubican, así como los mecanismos de exigencia de responsabilidad cuando la Administración infringe disposiciones de naturaleza preventiva, son manifestaciones reveladoras de la atonía existente entre la protección y prevención de la salud y los empleados públicos como receptores de tal cobertura. Tales deficiencias no hacen más que confirmarse y aumentarse en el ámbito de la Administración de Justicia, en donde las dificultades de adaptabilidad propias de cualquier Administración, se ven superadas por la inaplicabilidad absoluta de sectores nodales del ordenamiento preventivo, con lo que ello supone de cercenamiento de derechos de los empleados públicos allí adscritos.
Introducción
CAPÍTULO 1
La prevención de riesgos laborales de los empleados públicos: cuestiones generales
1. Introducción
2. Antecedentes normativos, marco constitucional y
tratamiento genérico de la prevención de riesgos en el ámbito de las
Administraciones públicas
2.1. La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo de 1971 y
normas
posteriores
2.1.1. Contexto histórico
2.1.2. La Función Pública en la OGSHT
y normas posteriores
2.1.3. Recapitulación
2.2. La Constitución española de 1978
2.2.1. La seguridad y la salud de los
trabajadores: bienes jurídicos ampara-
dos por la Constitución
a) Derechos
laborales especificos. Artículo 40.2 CE.
b) Derechos
laborales inespecíficos
a’) La dignidad de la persona
b') Derecho a la vida y a la integridad física y moral
c’) El derecho a la protección de la salud
2.3. El Estatuto de los Trabajadores
2.3.1. Introducción
2.3.2. Encuadre normativo
2.3.3. Derechos y deberes laborales.
Artículos 4 y 5 del Estatuto
a) Artículo 4
b) Artículo 5
2.3.4. Los artículos 36 y 64 del
Estatuto
a) Trabajo
nocturno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo
b)
Competencias del Comité de empresa
2.3.5. El art. 19 del Estatuto
a) La contractualización del deber de seguridad
b) La
incidencia efectiva del art. 19 en el panorama de seguridad laboral
3. El artículo 3 de la LPRL: ámbito subjetivo.
3.1. Los principios de generalidad y uniformidad en la DM
89/391/CEE y su
transposición a la LPRL
3.2. Fragmentación de los principios de generalidad y
uniformidad en la LPRL
3.2.1. La ruptura del principio de
generalidad: el personal militar.
3.2.2. La ruptura del principio de
uniformidad
a) La vinculación jurídica como factor de ruptura
b) Los sujetos protegidos con carácter relativo: criterios de actividad, fun-
ción y circunstancial.
c) La
aplicación adaptada de la LPRL
3.3. Naturaleza laboral y administrativa de la LPRL: nueva
quiebra del principio
de
uniformidad en la aplicación autonómica de la norma.
3.3.1. Discordancia entre la
Disposición Adicional 3ª y el párrafo 2.° del artí-
culo 3.2 LPRL
3.4. La aplicación de la LPRL sobre las relaciones no
laborales
3.4.1. Dificultades de identificación
del sujeto protegido
3.4.2. La «laboralización» incompleta
de las relaciones administrativas y es-
tatutarias en la LPRL
4. La seguridad y la higiene en el trabajo como
derecho de los funcionarios y deber de las Administraciones públicas. Artículo
14 LPRL.
4.1. El derecho de los funcionarios públicos a la protección
de su salud laboral
4.1.1. Especialidades de algunos
derechos de los trabajadores en el ámbito
de la Administración pública
4.1.2. Obligaciones de los
trabajadores en materia de prevención de riesgos
Artículo 29.3 LPRL
4.2. El deber de protección de las Administraciones públicas
respecto del per-
sonal a su servicio.
5. Los Servicios de Prevención en la
Administración General del Estado
5.1. Encuadre normativo
5.2. Los Servicios de Prevención en las Administraciones
públicas: definición y
organización.
5.2.1. Definición. Íter
legislativo.
5.2.2. Organización del Servicio
a) El
Servicio de Prevención Propio
b) Designación de uno o varios empleados públicos para llevar a cabo la
actividad preventiva.
c) Servicio
de prevención ajeno
d) Los
Servicios de Prevención Mancomunados
a) Encuadre normativo
b) Constitución, contenido y participación en el servido de prevención
mancomunado
6. Artículo 34 LPRL. Los derechos de participación
y representación de los empleados públicos
6.1. Esquema organizativo
6.2. La representación especializada en materia de prevención
de riesgos en
el
trabajo. El Delegado de prevención y el Comité de Seguridad y Salud.
6.2.1. El Delegado de Prevención
a) Concepto y
antecedentes legislativos
b)
Designación
c)
Competencias y facultades
d) Garantías
y sigilo profesional de los Delegados de Prevención
6.2.2. El Comité de Seguridad y Salud
en las Administraciones Públicas
a) Concepto
b)
Constitución y composición
c)
Competencias y facultades
7. La inaplicabilidad relativa de las normas
preventivas: establecimientos militares y penitenciarios.
7.1. Establecimientos y centros militares
7.1.1. El criterio locativo como
criterio de adaptabilidad
7.1.2. La exclusión del personal
militar
a) La Defensa
Nacional como factor prioritario
b) Los otros
criterios de la disposición adicional 9ª de la LPRL: las pecu-
liaridades orgánicas y la estructura representativa en los estableci-
mientos militares.
7.1.3. El Real Decreto 1932/1998, de
11 de septiembre
a) Aplicación
adaptada de los artículos 17, 18 y 27 de la LPRL.
b) La
adaptación del artículo 21 de la LPRL
c) Adaptación
del Capítulo V de la LPRL
7.2. Los establecimientos penitenciarios
7.2.1. La combinación del criterio
locativo y el de actividad
a)
Identificación de establecimiento penitenciario
b) La
heterogeneidad de las actividades y de los vínculos jurídicos de los
sujetos susceptibles de protección
c) La
seguridad como actividad arquetípica en el orden penitenciario
7.2.2. El convenio colectivo como
fuente reguladora
7.2.3. La negociación colectiva
conjunta. Los Acuerdos Mixtos.
CAPÍTULO 2
Las responsabilidades por incumplimientos de las Administraciones públicas: tipología y exigibilidad.
1. Tipología de las responsabilidades:
clasificación.
1.1. Responsabilidad Administrativa
1.2. Responsabilidad Civil
1.3. Responsabilidad penal
1.4. Responsabilidad en materia de Seguridad Social.
2. La Administración pública como sujeto infractor
de la normativa laboral: los mecanismos de exigencia de la responsabilidad.
2.1. Antecedentes legislativos
2.2. La labor inspectora en la LPRL. Las Instrucciones 104/96
y 102/99 de la
Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
2.3. El RD 707/2002: luces y sombras del anhelado Reglamento
2.3.1. Problemas relativos al ámbito
de aplicación del Reglamento
a) Los
problemas con el personal civil al servicio de las Administraciones
públicas territoriales
b) La
problemática aplicación en las entidades públicas empresariales
c) Los
Establecimientos militares
d) Los
Centros penitenciarios
e) Otras
exclusiones
2.3.2. El procedimiento para la
imposición de las medidas correctoras
a) Inicio del
procedimiento
b) Desarrollo
del procedimiento
c) La
propuesta de requerimiento y el trámite de alegaciones
d) Supuestos
de paralización
CAPÍTULO 3
La prevención de riesgos laborales en la Adtninistración de Justicia
1. Introducción
2. La Administración de Justicia: extensión y
alcance.
2.1. La identificación de los órganos directivos como
gestores de la actuación
preventiva.
2.1.1. Servicios Centrales
2.1.2. La Administración de Justicia
periférica
2.2. Las capacidades en materia preventiva de los órganos de
gobierno de
Juzgados y Tribunales y del Secretario Judicial.
2.2.1. Los órganos de gobierno de los
Juzgados y Tribunales
2.2.2. El Secretario Judicial y la
seguridad y salud de los empleados públicos
en la oficina judicial
2.3. Los derechos de consulta y participación en materia de
prevención de ries-
gos laborales para los jueces y fiscales
3. La aportación convencional a la gestión de la
actividad prevencionista en el ámbito de la Administración de Justicia
3.1. Los Acuerdos generales de adaptación de la legislación
preventiva a la
Administración pública
3.1.1. Los Acuerdos
Administración-Sindicatos de 1994 y 1998: tratamiento
inespecífico y déficit de vigencia.
3.1.2. El Convenio Único para el
personal laboral de la Administración de
Justicia
3.1.3. El Acuerdo
Administración-Sindicatos para el período 2003/2004
3.1.4. El Acuerdo de 24 de febrero de
2003
3.2. Los Acuerdos específicos: el Acuerdo Ministerio de
Justicia e Interior-Sindi-
catos
pan el periodo 1995-1997, sobre condiciones de trabajo
3.2.1. Introducción
3.2.2. La salud laboral en el Acuerdo:
los Capítulos XXVIII y XXXIX
4. La actividad normativa en materia de prevención
de riesgos laborales en el ámbito de las Comunidades Autónomas que tienen
transferidas funciones y servicios de la Administración de Justicia
4.1. Andalucía
4.2. Canarias
4.3. Cataluña
4.4. Galicia
4.5. Madrid
4.6. Navarra
4.7. País Vasco
4.8. Comunidad Valenciana
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA