GONZÁLEZ I BALLESTEROS, J./ CASTRO ABELLA, F./ MUÑOZ AMOR, Mª M. (COORDS.)
Editorial:
Abella
Páginas:
1199
Edición:
1
Fecha de publicación:
24/11/2010
ISBN:
9788470525353
110,00€El precio original era: 110,00€.104,50€El precio actual es: 104,50€.
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Sinopsis
Índice
Esta obra —rigurosa, práctica y
actualizada— estudia el Procedimiento Administrativo centrándose en la visión
del mundo Local. Viene a coincidir en el tiempo la edición del libro con los 18
años de la aparición de la LRJPA.
Muchos
son los trabajos que se ocupan del Procedimiento Administrativo, pero, fuera del
ámbito de los artículos doctrinales, muy pocos son los especialmente centrados
en el mundo local. Se da por supuesto que todas las Administraciones se han de
acomodar a la misma normativa, sin advertir que hay gran diferencia entre un
Ministerio y una pequeña Entidad Local. Es por ello especialmente de agradecer
el esfuerzo de los autores en adaptar los conceptos manejados al lenguaje de los
municipalistas.
PARTE I
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
COMO INSTITUCIÓN JURÍDICA
CAPÍTULO 1
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
COMO INSTITUCIÓN JURÍDICA. DEFINICIÓN.
RÉGIMEN JURÍDICO VIGENTE.
1. El procedimiento administrativo
2. El procedimiento común
3. Régimen jurídico vigente
CAPÍTULO 2
ÁMBITO OBJETIVO Y SUBJETIVO DE APLICACIÓN
EN LAS ENTIDADES LOCALES
1. Fundamento constitucional
2. Ámbito objetivo
2.1. Excepciones por razón de la materia
2.1.1. Procedimientos administrativos en materia tributaria
2.1.2. Procedimientos disciplinarios
2.2. Excepciones en atención a la naturaleza de los órganos
o derivadas de
especialidades en materia de contratación o personal.
2.2.1. Órganos de Gobierno y órganos colegiados
2.2.2. Mesas y Juntas de Contratación
2.2.3. Tribunales de procesos para la selección de personal y órganos para
la
provisión de puestos de trabajo.
2.3. Modulaciones derivadas de la normativa de contratos del sector público
2.4. Especialidades en materia de Administración electrónica
3. Ámbito subjetivo
3.1. Entidades que integran la Administración Local
3.2. Entidades de Derecho Público dependientes de la Administración Local
3.2.1. Que se trate de Entidades de Derecho Público con personalidad jurí-
dica
propia.
3.2.2. Que estén vinculadas o sean dependientes de las Administraciones
Locales.
3.2.3. Que ejerzan potestades administrativas
3.3. Sociedades mercantiles locales
PARTE II
EL ACTO ADMINISTRATIVO
CAPÍTULO 3
EL ACTO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO Y ELEMENTOS.
LAS CLASES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
EN LAS ENTIDADES LOCALES
1. Noción de acto administrativo
2. Elementos
2.1. El elemento subjetivo
2.2. El contenido y la finalidad de los actos administrativos
2.3 Los elementos formales del acto administrativo
2.4. Cláusulas accesorias de los actos administrativos
3. Las clases de actos administrativos
CAPÍTULO 4
VALIDEZ Y EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. NOTIFICACIONES Y PUBLICACIONES
1. Validez de los actos administrativos
1.1. Requisitos de los actos administrativos
1.2. Requisitos del acto administrativo en función de sus elementos esenciales
2. Invalidez de los actos administrativos: nulidad y anulabilidad
2.1. Nulidad de pleno derecho: el art. 62 de la LRJPA
2.1.1. Concepto y caracteres
2.1.2. Supuestos del art. 62 de la LRJPA
2.2. La anulabilidad de los actos administrativos
2.2.1. Supuestos y significación
2.2.2. La declaración de lesividad de los actos anulables
2.3. Convalidación versus conversión de los actos inválidos
2.3.1. Convalidación de los actos inválidos
2.3.2. Conversión de los actos inválidos
2.4. Efectos de la anulación del acto administrativo
3. Eficacia de los actos administrativos: efectos normales y anormales
3.1. Ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos
3.2. Límites a la eficacia de los actos administrativos
3.3. Eficacia retroactiva de los actos administrativos
3.4. Efectos anormales de los actos administrativos
4. Notificación y publicación de los actos administrativos
4.1. Requisitos de la notificación
4.2. Efectos de la notificación
4.3. Práctica de la notificación de los actos administrativos
4.3.1.
Notificación individualizada
4.3.2.
Notificación por edictos
4.3.3.
Notificación por medios telemáticos
4.3.4. Publicación
4.3.5.
Indicación de notificaciones y publicaciones
5. Bibliografía
CAPÍTULO 5
INACTIVIDAD FORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN:
OBLIGACIÓN DE RESOLVER Y NOTIFICAR,
Y SILENCIO ADMINISTRATIVO
1.
Normativa y abreviaturas
1.1. Normativa del Estado
1.2. Normativa de la Generalitat de Catalunya
1.3. Otras abreviaturas
2. Aspectos generales de la obligación de resolver y notificar
3. Supuestos excepcionales a la obligación de resolver y notificar
4. La obligación de resolver y notificar: Cuestiones relativas a los plazos y
suministro de información
5. Aspectos generales del silencio administrativo
6. La determinación del sentido del silencio administrativo y la incidencia de
la LLAASE en ésta
7. Los supuestos excepcionales del sentido negativo del silencio administrativo
8. Consecuencias de los sentidos del silencio administrativo
9. Medios de acreditación de los actos producidos por silencio administrativo
10. Análisis del art. 44 de la LRJPA
11. El silencio administrativo, los actos de trámite y los informes
12. Los actos presuntos, su legalidad y su recurribilidad
13. El silencio administrativo y las relaciones interadministrativas
14. El silencio administrativo y las disposiciones administrativas generales
15. El sentido del silencio de las licencias urbanísticas
15.1. Previo
15.2. Interpretación no oficial
15.3. Interpretación oficial
15.4. Fundamentos de las dos interpretaciones
15.5. Otras observaciones sobre ambas tesis y el sentido del silencio en las
autorizaciones y licencias ambientales.
16. Soluciones para evitar la producción de situaciones de silencio
administrativo y la responsabilidad de éstas
CAPÍTULO 6
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
1. Introducción
2. Estructura documental
2.1. Entre los caracteres externos del documento se incluyen la
clase, el tipo,
el formato, la cantidad y la forma.
2.2. Entre los caracteres internos se incluyen la entidad productora, los oríge-
nes funcionales, la fecha y lugar de producción y el contenido sustantivo.
3. Concepto, funciones y caracteres de los documentos y expedientes administrativos
4. Soportes documentales y expedientes
5. Régimen de los documentos electrónicos en las Administraciones Públicas
6. La administración electrónica y sus principios
7. El derecho de acceso electrónico a documentos y archivos
8. La interoperabilidad electrónica en la Administración Pública.
9. Valor del documento electrónico: criterios de jurisprudencia
10. Documento tradicional y documento electrónico
11. Gestión de documentos en la administración
12. Clasificación y lengua de los documentos administrativos
13. Estilo documental de la administración
14. Características de estilo
15. Aspectos documentales de las actas y certificados
16. Las actas en la administración
16.1. Actas de los órganos colegiados
16.2. Actas procedimentales
17. Estructura de las actas administrativas
17.1. Encabezamiento
17.2. Cuerpo del acta
17.3. Pie del acta
18. Libro de actas
19. Los certificados oficiales
19.1. Estructura de los certificados
19.2. Encabezamiento
19.3. Cuerpo del certificado
19.4. Pie del certificado
20. Las certificaciones de actos presuntos
21. Estructura del certificado de actos presuntos
21.1. Datos generales
21.2. Exposición
21.3. Certificación
21.4. Recursos
21.5. Notificación
22. Valoración jurisprudencial de actas y certificados
23. Los informes en la Administración Pública, valor jurídico y documental
24. Técnicas de informar en la Administración Pública
25. Tipología esencial de los informes en la Administración
Pública
25.1. Obligatoriedad
25.2. Vinculación
25.3. Tipo de decisión o resolución
25.4. Contenido
25.5. Órgano de emisión
26. Valoración jurídica y documental de los informes
27. Estructura documental del informe
27.1. Parte inicial del informe
27.1.1. Cubierta del informe
27.1.2. Resumen del informe
27.1.3. Índice del contenido
27.1.4. Prefacio
27.2. Cuerpo del informe
27.2.1. Introducción
27.2.2. Núcleo principal del informe
27.2.3. Conclusiones del informe
2 7.3. Anexos del informe
28. Las actas de inspección en las Administraciones Públicas
29. Formato del acta de inspección
30. Lengua del acta
31. Hechos, fecha y alegaciones en las actas de inspección
32. Firma, notificación y publicidad de las actas de inspección
33. Valor probatorio de las actas de inspección: criterios jurisprudenciales
34. La figura de la ratificación en las actas de inspección
35. Documentos presentados a las Administraciones Públicas por los ciudadanos
36. Requisitos generales de los documentos de los ciudadanos
37. Peticiones y solicitudes administrativas, requisitos documentales
37.1. Formas de solicitud
37.2. Contenido mínimo de la solicitud
37.3. Subsanación y mejora
38. Las denuncias ante las Administraciones Públicas: elementos, requisitos y
contenido
39. La documentación de alegaciones en los procedimientos administrativos
40. Falsedades en la Administración Pública
40.1. Elemento objetivo: documento
40.1.1. Documentos públicos
40.1.2. Documentos oficiales
40.1.3. Documentos mercantiles
40.1.4. Documentos privados
40.2. Elemento subjetivo: autoridad o funcionario público
40.3. Elemento funcional: la conducta típica
40.4. Consumación, tentativa y participación
40.5. Formas especiales de falsedad en la administración
40.5.1. Falsificación de certificados
40.5.2. Fabricación o tenencia de efectos destinados a cometer falsedades
40.5.3. Falsificación de despachos telegráficos
41. El registro de documentos en la Administración Local
42. Registros electrónicos
43. Identificación y autenticación electrónica en la Administración Pública
44. Normativa sobre documentos administrativos
45. Bibliografía
PARTE III
EL CIUDADANO Y LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
CAPÍTULO 7
EL CIUDADANO Y EL INTERESADO. CAPACIDAD,
LEGITIMACIÓN Y REPRESEN-
TACIÓN. LOS DERECHOS
DEL CIUDADANO ANTE LA ADMINISTRACIÓN.
LA AC-
TUACIÓN DEL CIUDADANO ANTE LA ADMINISTRACIÓN.
1.
El concepto de ciudadano y el interesado
1.1. El ciudadano y el administrado
1.2. El ciudadano. Estatuto jurídico del vecino
2. Capacidad, legitimación y representación
2.1. Capacidad jurídica
2.2. Capacidad de obrar
2.3. La legitimación en el procedimiento administrativo
2.3.1. La titularidad de los derechos subjetivos: interés legítimo individual
o
colectivo.
2.3.2. La legitimación para incoar el procedimiento
2.3.3. Legitimación de terceros interesados en el procedimiento
2.4. La representación
3. Los derechos del ciudadano ante la Administración
3.1. Los derechos del ciudadano en el procedimiento administrativo general
3.1.1. El derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la trami-
tación
de los procedimientos en los que tengan la condición de inte-
resados, y obtener
copias de documentos contenidos en ellos; el de-
recho a obtener copia sellada de
los documentos que presenten,
aportándola junto con los originales, así como a
la devolución de
éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el
procedimiento.
3.1.2. El derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de
las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten
los
procedimientos.
3.1.3. El derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su
Comu-
nidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto
del
Ordenamiento Jurídico.
3.1.4. El derecho a formular alegaciones y a aportar documentos en cual-
quier
fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que de-
berán ser tenidos
en cuenta por el órgano competente al redactar la
propuesta de resolución.
3.1.5. El derecho a no presentar documentos no exigidos por las normas
aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren
en poder de
la Administración actuante.
3.1.6. El derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autorida-
des y
los funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus
derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones.
3.1.7. El derecho a exigir las responsabilidades de las Administraciones
Pú-
blicas y del personal a su
servicio, cuando así corresponda
legalmente.
3.2. El derecho de la ciudadanía a una buena administración
3.3. Los derechos del ciudadano en la sociedad del conocimiento
3.4. El derecho al libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio
4. Los derechos de los vecinos en el ámbito del régimen local
4.1. Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
electoral.
4.2. Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes
y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los veci-
nos sea
interesada por los Órganos de gobierno y Administración
municipal.
4.3. Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales,
y acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a las normas
aplicables.
4.4. Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente
previstas a la realización de las competencias municipales.
4.5. Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la
Adminis-
tración municipal en relación con todos los expedientes y documentación
municipal, de acuerdo con lo previsto en el art. 105 de la Constitución.
4.6. Pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley
4.7. Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente
servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal
propia
de carácter obligatorio.
4.8. Ejercer la iniciativa popular
5. La actuación del ciudadano ante la Administración
5.1. La actuación individual. El derecho de petición
5.2. La actuación conjunta. La participación ciudadana
5.2.1. La iniciativa popular
5.2.2. Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones
5.2.3. Otros mecanismos de participación vecinal previstos en la legislación
estatal.
CAPÍTULO 8
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCAL
1. El acceso de los ciudadanos a la información
administrativa
1.1. El acceso a la información general
1.2. El derecho de acceso de los ciudadanos a los registros y archivos de las
Administraciones Públicas.
1.3. El acceso de los ciudadanos a información específica
1.3.1. El derecho de acceso a la información urbanística
1.3.2. El derecho de acceso a la información medioambiental
1.3.3. El derecho de acceso a la información sobre procedimientos necesa-
rios
para el acceso a una actividad de servicios.
2. El acceso de los Concejales a la información municipal
2.1. El libre acceso a la información
2.2. La información que requiere autorización previa del Alcalde o Presidente
de
la Junta de Gobierno Local.
2.3. La denegación de acceso a la información
2.4. El acceso a la información del Registro de Intereses
CAPÍTULO 9
TÉRMINOS Y PLAZOS
1. Concepto de «términos» y «plazos»
2. Regulación jurídica
3. Obligatoriedad de los términos y plazos
3.1. Para la Administración
3.2. Para los ciudadanos
4. Cómputo
4.1. Plazos señalados por días
4.2. Plazos señalados por meses o años
4.3. Garantía del plazo hasta las veinticuatro horas del último día
4.4. Plazos señalados por horas
4.5. Día inicial de cómputo (dies a quo)
4.6. Día final del cómputo (dies ad quem)
5. Determinación de los días hábiles e inhábiles
6. Determinación de las horas hábiles
7. Cómputo de plazos cuando se utilizan los medios electrónicos
9. Tramitación de urgencia
9.1.
Concepto
9.2.
Diferencia con otras figuras
9.3.
Requisitos
9.4.
Procedimiento
9.5.
Urgencia con reducción de plazos
9.6.
Urgencia con supresión de trámites
9.7.
Urgencia en la elaboración de reglamentos
CAPÍTULO 10
LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS
1. Concepto y consideración
2. Regulación
3. Funciones de los Registros administrativos
3.1. En el ámbito estatal
3.2. En el ámbito local
4. El Registro General
5. Los Registros auxiliares
6. Régimen de los asientos
6.1. El soporte documental
6.2. Informatización de los registros
6.3. Contenido de los asientos
6.4. Procedimiento de registro
7. Órganos ante los que pueden presentarse los escritos y documentos
8. Compulsa y cotejo de documentación por los Registros
9. Horario de los Registros
10. Exacción de tributos
11. Publicidad de los registros públicos
12. Acceso a los registros administrativos
13. Los registros electrónicos o telemáticos
13.1. Consideraciones previas
13.2. Creación y funcionamiento
13.3. Funciones
13.4. Cómputo de plazos, días y horario
13.5. Requisitos de seguridad e interoperabilidad
13.6. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
14. Los Registros administrativos y su relación con las oficinas de información
y atención al ciudadano
15. La intercomunicación de los Registros: «La ventanilla única»
PARTE IV
ESTRUCTURA, FASES E INSTITUCIONES
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
CAPÍTULO 11
PRINCIPIOS Y ESTRUCTURA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1. Consideraciones generales. El trazado del derecho a una buena administración
mediante la sujeción a principios informadores del procedimiento administrativo.
2. Principios informadores del procedimiento administrativo
2.1.
Principio de oficialidad
2.2.
Principio de igualdad
2.3.
Principio de celeridad en la tramitación
2.4.
Principio de congruencia
2.5.
Principio de flexibilidad/antiformalismo
2.6.
Principio de transparencia
2.7.
Principio de cooficialidad lingüística
2.8.
Principio de seguridad de los ciudadanos
2.9.
Principio de responsabilidad
3. Estructura del procedimiento administrativo. Principios de ordenación.
CAPÍTULO 12
LA INCOACIÓN Y LA INSTRUCCIÓN
1. La incoación y la instrucción del procedimiento administrativo
local.
Introducción.
2. La iniciación de oficio
3. La iniciación a instancia de parte
3.1. Los interesados como solicitantes de la iniciación del procedimiento
3.2. Solicitudes de iniciación
3.3. Subsanación y mejora de las solicitudes
3.4. Declaración responsable y comunicación previa
3.5. Medidas provisionales
3.6. Acumulación de procedimientos
4. Las alegaciones
5. Prueba
5.1.
Regulación
5.2.
Concepto y consideraciones generales
5.3.
Objeto de la prueba
5.4.
La carga de la prueba
5.4.1. La carga de la prueba en los procedimientos administrativos incoados
a
instancia de parte.
5.4.2. La carga de la prueba en los procedimientos administrativos iniciados
de
oficio.
5.4.3. La carga de la prueba en los procedimientos sancionadores
5.5. El trámite de prueba
5.5.1. Los presupuestos de hecho determinantes del
trámite de prueba
5.5.1.1. Cuando la Administración no tenga por cierto los hechos alega-
dos por
los
interesados.
5.5.1.2. Cuando la naturaleza del procedimiento lo exija
5.5.2. Duración y práctica de la prueba
5.5.3. Medios de prueba
5.6. Valoración de la prueba
5.7. Gastos ocasionados por las pruebas practicadas
6. Los informes
6.1. Regulación
6.2. Concepto y clasificación. Especialidades en el régimen jurídico de los
dis-
tintos tipos de informes.
6.2.1. Informes preceptivos e informes facultativos. Especial consideración
de
los informes preceptivos determinantes para la resolución del
procedimiento.
6.2.1.1. Informes preceptivos. Especial consideración de los informes
preceptivos
determinantes.
6.2.1.2. Informes facultativos
6.2.2. Informes vinculantes e informes no vinculantes..
6.2.3. Informes de coordinación administrativa
6.3.
La tramitación del informe
6.4.
La emisión de informes y su ausencia
6.5.
Algunas cuestiones relativas a control jurisdiccional de
los informes
6.5.1. Imposibilidad de impugnación autónoma del informe con respecto a
la
resolución final.
6.5.2. ¿Es preciso el emplazamiento
en el proceso de la Administración au-
tora de informe vinculante, cuando es
distinta de la que adopta la
decisión?
7. El trámite de audiencia
7.1.
Regulación
7.2.
Concepto y fundamento
7.3.
Dimensión constitucional del trámite de audiencia
7.4.
Requisitos
7.5.
Efectos
7.5.1. De la presentación del escrito
de alegaciones
7.5.2. De la omisión del trámite de audiencia
8. El trámite de información pública
8.1. Regulación
8.2. Concepto y caracteres
8.3. Requisitos
8.4. Desarrollo de ¡a información pública
8.5. Efectos de la comparecencia
8.6. La incidencia de la omisión o incorrecta tramitación de la
información pú-
blica en la validez de la resolución final.
8.7. Otras formas, medios y cauces de participación ciudadana
CAPÍTULO 13
LA TERMINACIÓN. LA EJECUCIÓN. LA INACTIVIDAD MATERIAL
1. Las formas de terminación del procedimiento
administrativo
1.1.
La resolución: una obligación de ¡a Administración
1.2.
La terminación convencional
1.3.
Desistimiento y renuncia
1.4. La caducidad
1.5. Imposibilidad material de continuar el procedimiento
2. La coacción administrativa
2.1.
La ejecución de los actos administrativos
2.2.
La coacción directa
2.3.
La vía de hecho
3. La inactividad material de la Administración
3.1.
Definición
3.2.
Tipos de inactividad material
3.3.
Ejercicio de la acción jurisdiccional contra la inactividad material de la Ad-
ministración según la Ley 29/1998 LJCA.
CAPÍTULO 14
LA PRODUCCIÓN COLEGIADA DE ACTOS
EN LAS ENTIDADES LOCALES
1. Introducción
2. Régimen de sesiones y acuerdos corporativos
2.1.
Idea de la sesión
2.2.
Su regulación legal
2.3.
Clases de sesiones
2.3.1. Por razón del órgano que las celebra
2.3.1.1.
Del Pleno
2.3.1.2.
De la Junta de Gobierno Local
2.3.1.3.
Del Concejo Abierto
2.3.1.4.
De la Junta Vecinal
2.3.1.5.
De los órganos de gobierno de las Áreas
Metropolitanas
2.3.1.6. De los órganos de gobierno de las Mancomunidades
2.3.1.7. De los órganos de gobierno de las Comunidades de Villa y
Tierra,
Asocios,
etc.
2.3.1.8. De las Comisiones Informativas
2.3.1.9. De la Comisión Especial de Cuentas
2.3.1.10. De la
Junta Municipal de Distrito
2.3.1.11. De los Consejos Sectoriales
2.3.1.12. De los entes
descentralizados para la gestión de servicios
2.3.2. Por su periodicidad
2.3.2.1.
Sesiones ordinarias
2.3.2.2.
Sesiones extraordinarias
2.3.2.3.
Sesiones extraordinarias urgentes
2.4. Preparación de la sesión. Convocatoria.
2.5. El Orden del día
2.6. Nulidad de acuerdos sobre asuntos no incluidos en el Orden del día
2.7. Documentación y examen de antecedentes
2.8. Requisitos de la sesión
2.8.1. La publicidad de las sesiones
2.8.2. Orden de colocación de los miembros de la Corporación
2.9. La asistencia a la sesión
2.10. Desarrollo de la sesión
2.11. Moción de censura al Alcalde o Presidente
2.12. Cuestión de confianza
2.13. El uso de las lenguas vernáculas en las deliberaciones
2.14. Informes y advertencias de ilegalidad en las deliberaciones
2.15. Abstención de los miembros de la Corporación en las deliberaciones
2.16. La votación en la sesión
2.16.1. Idea general
2.16.2. Clases de votación
2.17.
El acta de la sesión
2.18.
Publicidad de los actos y acuerdos
2.19.
El Libro de Actas
2.19.1. Concepto y requisitos
2.19.2. Utilización de hojas móviles
2.19.3. Custodia del Libro de Actas
2.20. Expedición de certificaciones
2.21. La Junta de Gobierno
3. La adopción de acuerdos
4. Dictámenes e informes
4.1. Idea general de ¡os informes
4.2. Dictámenes de las Comisiones Informativas
4.3. Informes del Secretario e Interventor y advertencias de ilegalidad
4.4. Dictamen del Consejo de Estado
4.5. Otros supuestos de asesoramiento
5. Aprobación de las ordenanzas locales
5.1. Idea general
5.2. Procedimiento
5.3. Modificación de Ordenanzas
5.4. Incumplimiento
6. Conflictos de atribuciones y de competencias
6.1. Conflictos de atribuciones entre órganos y entidades dependientes de
una
Corporación local.
6.2. Conflictos de competencias entre diferentes Entidades locales
6.3. Conflictos de competencias entre las Corporaciones locales y la
Adminis-
tración del Estado o la Comunidad Autónoma.
6.4. Conflictos de jurisdicción entre las Corporaciones locales y los Tribunales
de Justicia.
PARTE V
PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN
CAPÍTULO 15
REVISIÓN DE OFICIO Y ACCIÓN DE NULIDAD. DECLARACIÓN DE LESIVIDAD Y ANULACIÓN
JUDICIAL DE ACTOS ANULABLES. REVOCACIÓN DE ACTOS NO FAVORABLES. RECTIFICACIÓN DE
ERRORES MATERIALES.
1. Introducción
1.1. Concepto y fundamento de la potestad de revisión de oficio
1.2. Incidencia del ejercicio de la potestad de revisión de oficio en la
perviven-
cia de los actos administrativos.
1.3. Límites al ejercicio de la potestad de revisión de
oficio
2. Revisión de oficio y acción de nulidad
2.1. Cuestiones previas
2.2. Compatibilidad de la potestad de revisión de oficio con la interposición de
recursos.
2.3. Revisión de oficio de actos administrativos y disposiciones administrativas
nulos de pleno derecho.
2.3.1.
Inicio del procedimiento de revisión de oficio
2.3.2. Inadmisión de la acción de
nulidad
2.3.3. Órgano competente para iniciar el procedimiento
2.3.4.
Suspensión de la ejecutividad del acto revisado.
2.3.5.
Ordenación e instrucción del procedimiento
2.3.6.
Resolución del procedimiento de revisión de
oficio
2.3.7. Actos administrativos
susceptibles de ser revisados de oficio
2.3.8. Disposiciones administrativas susceptibles de ser revisadas de oficio
2.3.9. Determinación de indemnizaciones
2.3.10. Eficacia de los actos administrativos dictados al amparo de una
dis-
posición administrativa anulada.
3. Declaración de lesividad y anulación judicial de actos anulables
3.1. Inicio del procedimiento de revisión de oficio
3.2. Órgano competente para iniciar el procedimiento
3.3. Suspensión de la ejecutividad del acto revisado
3.4. Ordenación e instrucción del procedimiento
3.5. Adopción de la declaración de lesividad para el interés público del acto
3.6. Interposición de recurso de lesividad ante la jurisdicción
contencioso-
administrativa.
3.7. Actos administrativos susceptibles de ser declarados lesivos para el
inte-
rés público.
3.8. Determinación de indemnizaciones
4. Revocación de actos no favorables
4.1.
Inicio del procedimiento de revocación
4.2. Órgano competente para iniciar el
procedimiento
4.3. Suspensión de la ejecutividad del acto objeto de revocación
4.4.
Ordenación e instrucción del procedimiento
4.5.
Resolución del procedimiento de revocación
4.6.
Actos administrativos susceptibles de ser revocados
4.7.
Determinación de indemnizaciones
5. Rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos
5.1. Inicio del procedimiento de rectificación
5.2. Órgano competente para iniciar el procedimiento
5.3. Suspensión de la ejecutividad del acto objeto de rectificación
5.4. Ordenación e instrucción del procedimiento
5.5. Resolución del procedimiento de rectificación
5.6. Actos administrativos susceptibles de ser rectificados
5.7. Determinación de indemnizaciones
6. Bibliografía
CAPÍTULO 16
LA IMPUGNACIÓN DE LA ACTIVIDAD LOCAL. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN LAS
ENTIDAD LOCALES. LAS RECLAMACIONES PREVIAS AL EJERCICIO
DE ACCIONES CIVILES Y LABORALES
1.
La impugnación de la actividad local
1.1.
Concepto
1.2.
Objeto de recurso
1.3.
Legitimación
1.4.
Clases de recursos
1.5.
Tramitación de los recursos
2. Los recursos administrativos en las Entidades Locales
2.1. Recurso de reposición
2.1.1.
Objeto
2.1.2.
Legitimación
2.1.3.
Órgano administrativo competente
2.1.4.
Plazo de interposición
2.1.5.
Plazo de resolución
2.1.6.
Silencio
2.1.7.
Recursos contra este acto
2.2. Recurso de alzada
2.2.1.
Objeto
2.2.2.
Órgano administrativo competente
2.2.3.
Plazo de interposición
2.2.4.
Plazo de resolución
2.2.5. Silencio
2.2.6. Recursos contra este acto
2.3. Recurso de revisión
2.3.1.
Objeto
2.3.2.
Supuestos
2.3.3.
Legitimación
2.3.4.
Órgano administrativo competente
2.3.5.
Plazo de interposición
2.3.6.
Tramitación
2.3.7.
Plazo de resolución
2.3.8.
Resolución
2.3.9.
Silencio
2.3.10.
Recursos contra este acto
2.4. Recursos especiales
2.4.1. Recurso especial en materia de contratación
2.4.1.1.
Objeto
2.4.1.2.
Actos impugnables
2.4.1.3.
Legitimados
2.4.1.4.
Órgano administrativo competente
2.4.1.5.
Plazo de interposición e iniciación del
procedimiento
2.4.1.6. Tramitación y efectos de la interposición
2.4.1.7.
Plazo de resolución
2.4.1.8. Silencio
2.4.1.9. Recursos contra este acto
2.4.2.
Recursos presentados por otras Administraciones
2.4.3. Recursos
contra disposiciones de carácter general
3. De las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles
y laborales
3.1. Conceptos
3.2. Reclamación previa a la vía judicial civil
3.2.1.
Iniciación
3.2.2.
Tramitación
3.2.3.
Resolución
3.2.4.
Efectos
3.3. Reclamación previa a la vía judicial laboral
3.3.1.
Finalidad
3.3.2.
Tramitación
3.3.3.
Resolución
CAPÍTULO 17
LA REVISIÓN DE ACTOS TRIBUTARIOS
1.
Caracterización general
2. Revisión de oficio de los actos administrativos en materia tributaria
2.1. La revisión de oficio: contenido y límites, caracterización general
2.2. Procedimientos especiales de revisión
2.2.1.
Cuestiones generales
2.2.2.
Nulidad de pleno derecho
2.2.3.
Declaración de lesividad de actos anulables
2.2.4.
Revocación
2.2.5.
Rectificación de errores
2.2.6.
Devolución de ingresos indebidos
3. Revisión de actos administrativos tributarios previo recurso
3.1. Recurso de reposición
3.1.1.
Caracteres
3.1.2.
Suspensión de la eficacia del acto impugnado
3.1.3.
Devolución del coste de las garantías
3.2. Reclamaciones económico administrativas
3.3. Recurso extraordinario de revisión
CAPÍTULO 18
EL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LOS CONFLICTO DE JURISDICCIÓN: UNA PERSPECTIVA
LOCAL
1. A modo de introducción: breve apunte sobre la génesis y evolución del
contencioso-administrativo en España hasta su vigente regulación por ¡a Ley 29/1998, de 13 de julio.
1.1. Génesis del Contencioso-Administrativo e influencia en España: la
instau-
ración del sistema de «Justicia Especial Administrativa» por la
Constitución
de Bayona de 1808.
1.2. Un cambio radical en la concepción del Contencioso- Administrativo: del
abandono del sistema de «Justicia Especial Administrativa» a su sustitu-
ción por
el sistema de «Justicia Civil»
1.3. Nuevo «giro copernicano» del Contencioso-Administrativo: vuelta, en este
caso efectiva y real, al sistema de «Justicia Especial Administrativa» ante
la
desidia y apatía provocada por el sistema de «Justicia Civil»
1.4. Una nueva catarsis del Contencioso-Administrativo: repudio, una vez
más,
del sistema de «Justicia Especial Administrativa» para volver a esta-
tuir en su
lugar el sistema de «Justicia Civil»
1.5. Hacia un sistema ecléctico Contencioso-Administrativo, erradicador de la
dicotomía «Justicia Especial Administrativa»-«Justicia Civil»: la instauración
del denominado «Sistema
Armónico»
1.5.1. Un cambio transcendental dentro del «Sistema Armónico» de Justicia:
traslado del Tribunal Contencioso-Administrativo del Consejo de Esta-
do al
Tribunal Supremo.
1.5.2. Normalidad y nada digno de reseñar, en el discurrir del «Sistema
Ar-
mónico» de Justicia Administrativa, a pesar de los múltiples regíme-
nes habidos
durante su vigencia, hasta la aprobación de la Ley de 27
de diciembre de 1956.
1.6. La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
27 de diciembre
de 1956: revolución y modernización de la Justicia
Administrativa a través
del denominado sistema
«Judicial Especializado», aún hoy vigente.
1.6.1. Dos acontecimientos transcendentales para la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa durante la vigencia de la Ley de 27 de di-
ciembre de
1956:
la Constitución Española de 1 978 y la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
1.6.2. La debida y necesaria sustitución de la Ley de
27 de diciembre de
1956 por la, al día de hoy, vigente Ley 29/1 998, de 13 de
julio, re-
guladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:
motivos que
2. Características más destacadas del actual sistema contencioso-administrativo
2.1. Jurisdicción de gran tensión, al enjuiciar el actuar del Poder Ejecutivo de
por sí no muy proclive a ningún tipo o clase de control o fiscalización.
2.2. Jurisdicción enjuiciadora, no tanto de los auténticos protagonistas o
res-
ponsables de la actividad administrativa ilegal o contraria a Derecho, co-
mo
de la apariencia externa de la misma.
2.3. Jurisdicción fiscalizadora del actuar administrativo, pero en ningún caso
suplantadora de la potestad de autotutela propia y característica de las
Administraciones Públicas.
2.4. Jurisdicción no limitada, única y exclusivamente, al restablecimiento de la
legalidad objetiva, sino por el contrario, plenamente subjetivada, al tute-
lar en
su desempeño los derechos e intereses legítimos de los
ciudadanos.
2.5. Jurisdicción de marcado carácter revisor, habida cuenta de la propiedad o
naturaleza impugnatoria del recurso que es propio de la misma.
3. Extensión y límites de la jurisdicción contencioso-administrativa
3.1. Una primera aproximación al ámbito competencial Contencioso-
Administrativo:
la cláusula general de competencia.
3.2. Criterios subjetivos de delimitación de la competencia
Contencioso-
Administrativa.
3.2.1. Las Administraciones Públicas territoriales y las Entidades de Derecho
Público dependientes o vinculadas a las mismas.
3.2.1.1. El factor, mera o puramente, subjetivo de las Administraciones
Públicas territoriales y de las Entidades de Derecho Público de-
pendientes o
vinculadas a las mismas: delimitación individual.
3.2.1.2. El factor funcional de las Administraciones Públicas territoriales
y
de las
Entidades de Derecho Público dependientes o vincula-
das a las mismas:
actuación sujeta al Derecho Administrativo.
3.2.1.3. El factor material o competencial de las Administraciones Públi-
cas
territoriales y de las Entidades de Derecho Público dependi-
entes o vinculadas a
las mismas: la actuación administrativa.
3.2.2. Otros Poderes Públicos: en particular, los Órganos Constitucionales,
los
Órganos Judiciales y la Administración Electoral.
3.2.2.1.
Los Órganos Constitucionales
3.2.2.2.
Los Órganos Judiciales
3.2.2.3.
La Administración Electoral
3.2.3. Otros sujetos públicos: las Corporaciones de Derecho Público y los
Concesionarios de Servicios Públicos.
3.2.3.1. Las Corporaciones de Derecho Público
3.2.3.2. Los Concesionarios de Servicios Públicos
3.3. Criterios objetivos de delimitación de la competencia
Contencioso-
Administrativa.
3.4. Materias excluidas del ámbito de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
4. La jurisdicción como presupuesto procesal: especial referencia a los
conflictos de jurisdicción
5. Órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa: especial atención a
aquellos más relacionados con las entidades locales
5.1. Clases de órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
5.2. Competencia objetiva o por razón de la materia de los
órganos judiciales
del orden Contencioso-Administrativo.
5.3. Competencia territorial de los órganos judiciales integrantes de la
Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.
6. Las partes en el proceso
contencioso-administrativo: en particular la Administración Local como
demandante y demandada.
6.1. La dualidad de partes propia de todo procedimiento
Contencioso-
Administrativo.
6.1.1. El demandante en el procedimiento Contencioso-Administrativo
6.1.2. El demandado en el procedimiento Contencioso-Administrativo
6.2. Requisitos de obligado cumplimiento por las partes (demandante y de-
mandado)
en el procedimiento Contencioso-Administrativo.
6.2.1.
Capacidad para ser parte
6.2.2.
Capacidad procesal
6.2.3.
Representación y defensa o postulación
6.2.4.
Legitimación
6.2.4.1. Legitimación activa
6.2.4.2. Falta de legitimación
6.2.4.3. Legitimación pasiva
7. Referencia sumaria al objeto del recurso contencioso-administrativo: ¿contra
qué proceder de las Administraciones Públicas pueden recurrir los administrados?
7.1. Actividad administrativa impugnable ante el orden
Contencioso-
Administrativo.
7.2. La inactividad administrativa, como motivo o causa de impugnación ante
la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
7.3. La actuación material de la Administración constitutiva de vía de hecho,
como supuesto susceptible de impugnación ante el orden
Contencioso-
Administrativo.
8. Epítome de los procedimientos contencioso-administrativos
8.1. El procedimiento Contencioso-Administrativo ordinario
8.1.1.
Iniciación del procedimiento y efectos
8.1.2.
Desarrollo del procedimiento
8.1.3.
Terminación del procedimiento
8.2. El procedimiento abreviado
8.3. Los procedimientos especiales
8.3.1. El procedimiento especial para la protección de los derechos
funda-
mentales de la persona.
8.3.2. El procedimiento especial sobre la cuestión de ilegalidad
8.3.3. El procedimiento especial en los casos de suspensión administrativa
previa de acuerdos.
PARTE VI
EL DERECHO SANCIONADOR
CAPÍTULO 19
LA POTESTAD SANCIONADORA
1. Introducción
2. Principios de la potestad sancionadora
2.1. De legalidad
2.2. Irretroactividad
2.3.
Tipicidad
2.4.
Responsabilidad
2.5.
Proporcionalidad
3. Prescripción de sanciones
4. Concurrencia de sanciones
CAPÍTULO 20
EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
1. Principios del Procedimiento sancionador
1.1. Garantía del procedimiento
1.2. Derechos del presunto responsable
1.3. Medidas de carácter provisional
1.4. Presunción de inocencia
1.5. Resolución
2. Expediente sancionador
2.1. Iniciación
2.1.1.
Ideas generales
2.1.2.
Actuaciones previas
2.1.3.
Inicio. Nombramiento de Instructor
2.1.4.
Medidas de carácter provisional
2.2. Instrucción
2.2.1. Alegaciones
2.2.2. Prueba
2.2.3. Propuesta de Resolución
2.2.4. Puesta de manifiesto del expediente
2.3. Resolución
2.3.1. Posibilidad de realizar actuaciones complementarias
2.3.2. Resolución del expediente sancionador
2.3.3. Efectos de la resolución
3. Resarcimiento e indemnización
4. Procedimiento simplificado
5. Caducidad del Procedimiento
PARTE VII
PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMACIÓN DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES DE LAS
ENTIDADES LOCAL
CAPÍTULO 21
EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
DE CARÁCTER GENERAL
1. La potestad reglamentaria de las AA.PP
2. El procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas
3. El procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas de
carácter general en la administración general del Estado
4. El procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter local
5. Especialidades procedimentales ratione materia
6. Las normas de los planes urbanísticos
6.1. Planeamiento general
6.2. Planeamiento de desarrollo
7. Las especialidades organizativas
8.
Peculiaridades en materia de reglamentación sobre bienes públicos
9. Peculiaridades de los reglamentos de personal
10. Peculiaridades de las normas presupuestarias y tributarias
10.1. Cuestiones generales
10.2. Las normas presupuestarias
10.3. Las ordenanzas fiscales
PARTE VIII
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RELACIONES
INTERADMINISTRATIVAS EN LAS ENTIDADES LOCALES
CAPÍTULO 22
LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS
1. La competencia local y las relaciones interadministrativas
2. Coordinación, cooperación y colaboración entre administraciones
2.1. Coordinación de la actividad local
2.2. La cooperación institucionalizada: Convenios y Consorcios
2.3. La colaboración estatal y autonómica con las entidades
locales
3. Las relaciones interadministrativas de los entes locales
3.1. Generalidades
3.2. Los Convenios interadministrativos de los entes locales
4. Las Fuentes de los Convenios interadministrativos
y su concepto
4.1. Clases de Convenios
5. Competencia y procedimiento de aprobación de los Convenios
6. Cumplimiento, Extinción y Jurisdicción competente
7. Gestión de los Convenios locales: Órganos mixtos
7.1. Naturaleza del órgano convencional de gestión mixta
7.2. Procedimiento de creación y régimen jurídico de los órganos comunes
8. Convenios y transacciones
PARTE IX
LAS FUNCIONES PÚBLICAS NECESARIAS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN
CAPÍTULO 23
LAS FUNCIONES RESERVADAS A LOS FUNCIONARIOS
CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL
Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LOCAL
1. La reserva competencial
1.1. Enunciado
1.2. Alcance competencial de la reserva
1.3. Las limitaciones a la potestad de autoorganización como
garantía del al-
cance competencial de la reserva.
1.3.1. La exclusión de las funciones necesarias de la
potestad de autoorga-
nización local.
1.3.2. Los contenidos concretos excluidos de la potestad de
autoorganización.
1.3.3. La limitación de la potestad de autoorganización
en materia de asig-
nación de medios
1.3.4. El doble límite de coherencia y no obstrucción en la asignación de
otras atribuciones al funcionario
competente para el ejercicio de las
funciones
reservadas.
1.3.5. Conclusión: la limitación de la potestad de autoorganización como
garantía necesaria de las
funciones reservadas.
1.4. Alcance procedimental de ¡a reserva
2. La naturaleza institucional de las funciones
públicas necesarias
2.1. El doble alcance del concepto función presente en el ordenamiento
2.2. Las funciones reservadas procedimentales como funciones de calificación
jurídica.
2.3. La calificación en que las funciones públicas reservadas consisten se
ins-
trumenta en actos administrativos de juicio o conocimiento.
2.4. Las funciones públicas reservadas son siempre regladas
3. La fe pública
3.1.
Fe pública versus asesoramiento legal preceptivo
3.2.
Elementos que acredita la fe pública
3.3.
Fe pública constitutiva y fe pública declarativa
3.4.
Actuaciones certificantes que no participan de la fe pública local
4. El asesoramiento legal preceptivo
4.1. El asesoramiento legal preceptivo se instrumenta en informes
4.2. Los informes de asesoramiento legal preceptivo son informes jurídicos
4.3. El asesoramiento legal preceptivo es una función reservada a los
funcio-
narios titulares de la función pública subjetiva Secretaría.
4.4. La preceptividad del asesoramiento legal puede traer causa en una nor-
ma que
lo disponga o en la decisión discrecional de quien se encuentra
legitimado para
ello.
4.5. El asesoramiento legal preceptivo se traduce en informes que compren-
den en
general la legalidad del procedimiento o actuación sobre la que
deben versar.
4.6. Ubicación del informe en el curso procedimental
4.7. El singular supuesto del informe «dirimente» en la legislación urbanística
de Cataluña.
5. El control de intervención
5.1. Su naturaleza
5.2. Coexistencia de asesoramiento legal preceptivo
6. Los efectos de la omisión de las funciones públicas necesarias
6.1. De la fe pública
6.2. Del asesoramiento legal preceptivo y del control de intervenc¡ón
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