La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de
modificación de la LECRIM introdujo en el ordenamiento procesal penal español,
entre otras muchas e importantes reformas y a fin de imprimir máxima celeridad a
la tutela judicial en los casos de delitos de escasa gravedad y descongestionar
los órganos judiciales, el denominado "proceso por aceptación de decreto" del
Fiscal. Este procedimiento de naturaleza monitoria permite la conversión de la
propuesta sancionadora realizada por el Ministerio Fiscal en sentencia firme de
condena cuando se cumplen los requisitos objetivos y subjetivos previstos y el
encausado da su conformidad, evitándose -o, cuando menos, acortándose- la fase
de instrucción a cambio de una sensible rebaja punitiva.
En esta monografía los autores analizan de modo crítico, pero
con espíritu constructivo -desarrollando propuestas para su mejora-, este
novedoso procedimiento, destacando que el Fiscal está llamado a ser su
protagonista indiscutible, lo que, a su juicio, constituye un primer guiño
experimental del legislador a un sistema procesal que debe instaurarse de manera
inminente en nuestro país, en el que el Ministerio Público dirigirá la
instrucción penal y el Juez ejercerá exclusivamente la genuina función
jurisdiccional.
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