El acceso a la vivienda, a través
de su adquisición o arriendo, genera a la mayoría de los consumidores unos
problemas que les vinculan, muchas veces de por vida, el legislador está
obligado a dictar medidas encaminadas a su protección, imponiendo al
empresario, profesional del mercado inmobiliario, con el que aquel contrata,
obligaciones tanto en la fase de preparación como en la de perfección del
contrato con el consumidor.
Este último, continúa siendo la
parte más débil de la relación de consumo, su protección dependerá en buena
medida del contenido de la información sobre la vivienda, que deba
facilitarle el empresario, antes de quedar vinculado por el contrato, y de
que la publicidad sobre aquella quede integrada en el mismo y obligue al
empresario.
El contenido de los contratos,
sigue presentando una enorme complejidad para el consumidor medio, que
muchas veces se ve abocado a su firma sin contar con el debido
asesoramiento, sobre todo cuando anticipa cantidades a cuenta, de ahí, que
para evitar cláusulas abusivas se establezcan controles.
El mercado de vivienda
debe ofrecer al consumidor la posibilidad de arrendar como una alternativa
en la que quede igualmente protegido, garantizando la seguridad
jurídica, y sin mengua alguna de sus
derechos.
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