RESPONSABILIDAD PENAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA. Una imperfección normativa.

Autor:
ORTIZ BLASCO, J./ MAHILLO GARCÍA, P. (Coords.)
Editorial:
Fundación Democracia y Gobierno Local
Páginas:
286
Edición:
1
Fecha de publicación:
01/04/2010
ISBN:
9788461376001
47,51
Entrega en 48/72 horas

    En este volumen, juristas expertos de diversos ámbitos abordan dos cuestiones candentes respecto a las relaciones entre lo penal y lo administrativo.

    La primera se refiere a la necesidad de replantear la cuestión prejudicial administrativa en el ámbito penal. No cabe duda de que el ordenamiento y la actividad administrativa se han vuelto sumamente complejos; además, en este ámbito la normativa y la jurisprudencia están en permanente construcción. Por ello, la creciente incorporación de conceptos jurídico-administrativos a la configuración de ¡lícitos penales debe ir acompañada de mecanismos que garanticen que el uso penal del derecho de las Administraciones Públicas sea acertado.

    Una segunda cuestión es la que se refiere a la utilización de querellas y acciones penales en el ámbito local. Sin duda, el ejercicio del poder debe ir inexcusablemente unido a unos controles rigurosos y eficaces. No en vano el Estado democrático de Derecho consiste en un equilibrio entre poderes y contrapoderes. Pues bien, al binomio citado hay que añadir un tercer fundamento, que es el de las garantías. En efecto, es indispensable un control penal estricto, pero no es menos cierto que la acción penal está produciendo en estos momentos algunos desajustes sobre los que conviene pensar. Uno de ellos consiste en la utilización irresponsable de las querellas, un fenómeno que puede situar a los ediles locales en la posición de un monigote de feria. La acción penal tiene, sin duda, una repercusión pública enorme, y el daño que produce en el prestigio de los responsables públicos afectados y en las mismas instituciones locales es tremendo. Por supuesto, no se trata de disminuir la eficacia del más contundente de los controles como es el penal, pero sí se trata de introducir las garantías adecuadas para su uso, de procurar que los perjuicios que puede comportar se sitúen en unos límites justos, y de establecer garantías eficaces para la protección del inculpado.

 


Presentación
Antoni Fogué Moya

1. LA UTILIZACIÓN IMPROPIA DE LAS QUERELLAS Y LA POSICIÓN DEL IMPUTADO

1.1. Conclusiones del Seminario

1.2. La responsabilidad penal en el ámbito local: el modelo de instrucción penal. Disfunciones y propuestas de reforma.
Fermín Morales Prats

1.2.1. El debate sobre el modelo de instrucción penal en España.

1.2.2. Propuestas de reforma sobre la instrucción penal con relación a la exigencia de responsabilidades penales en el ámbito de la Administración local.

1.2.3. Exigencia de fianza para interposición de querela contra miembros electos locales.

1.2.4. La creación de una facultad judicial referente a la agravación de la condena en costas en los casos en que se acredite mala fe, temeridad procesal o uso inapropiado o desproporcionado del proceso penal, constando finalidades partidistas.

1.2.5. Concreción de las propuestas de reforma procesal penal.
 

1.3. La querella y su admisión: la situación social del querellado
Daniel de Alfonso Laso

1.4. De los delitos y las penas: ayer y hoy
Santiago Muñoz Machado

 

2. LA CUESTIÓN PREJUDICIAL ADMINISTRATIVA

2.1. Conclusiones del Seminario

2.2. Los conceptos jurídico-administrativos y las cuestiones prejudiciales administrativas en el ámbito penal
Juan José González Rus

2.2.1. Hipótesis de partida.

2.2.2. El estado de la cuestión: breve reseña introductoria sobre la regulación vigente de las cuestiones prejudiciales y sus fundamentos político-criminales.

2.2.3. (Dudas sobre) Los fundamentos de política jurídica de la pretendida ampliación de la devolutividad.

2.2.4. Problemas prácticos con que habría de enfrentarse la ampliación pretendida
    2.2.4.1. Restricciones legales y reservas jurisprudenciales y doctrinales ante la

        devolutividad.
    2.2.4.2. Problemas asociados al reconocimiento de efectos a la sentencia ad-

        ministrativa que resuelve la cuestión prejudicial.
    2.2.4.3. Las dificultades que ofrece el cuestionamiento de la preferencia de la

        jurisdicción penal.
    2.2.4.4. La contradicción entre sentencias.
    2.2.4.5. Posibilidad de que no sea posible deferir la cuestión al tribunal admi-

        nistrativo competente

2.2.5. Posición personal.
    2.2.5.1. Conclusión a modo de introducción al apartado.
    2.2.5.2. Mantenimiento de la regulación vigente, aprovechando las posibilida-

        des del artículo 4 de la LECrim.
    2.2.5.3. La devolutividad en el artículo 4 de la LECrim.
    2.2.5.4. La incidencia sobre la culpabilidad o la inocencia.
    2.2.5.5. Establecimiento de una cláusula de reenvío obligatorio al orden juris-

        diccional contencioso-admin istrativo.

2.2.6. Conclusiones finales.

 

2.3. La cuestión prejudicial administrativa desde la perspectiva del ordenamiento administrativo
Emilio Aragonés Beltrán

2.3.1. Introducción

2.3.2. La prejudicialidad en general.
    2.3.2.1. Conceptos introductorios.
    2.3.2.2. Prejudicialidad en sentido estricto.
    2.3.2.3. Prejudicial idad homogénea.
    2.3.2.4. Prejudicialidad en los procesos no penales.
    2.3.2.5. Prejudicialidad constitucional y comunitaria.

2.3.3. Las cuestiones prejudiciales en el proceso penal.
    2.3.3.1. Legislación vigente. Controversia doctrinal.
    2.3.3.2. Jurisprudencia penal.
    2.3.3.3. Jurisprudencia constitucional.
    2.3.3.4. Rasgos esenciales de la prejudicialidad en la LECrim.
    2.3.3.5. Ámbito de la cuestión prejudicial penal.
    2.3.3.6. Cuestión prejudicial y culpabilidad.

2.3.4. Prejudicialidad administrativa en el proceso penal.
    2.3.4.1. Jurisprudencia constitucional.
    2.3.4.2. Reacciones de la doctrina administrativa.
    2.3.4.3. Réplica de la jurisprudencia penal.
    2.3.4.4. La más escandalosa consecuencia práctica: “pericias jurídicas”

2.3.5. Conclusiones.
    2.3.5.1. Carácter totalmente insatisfactorio del actual statu quo.
    2.3.5.2. Solución teórica radical: nuevos tipos penales.
    2.3.5.3. Soluciones procesales.
    2.3.5.4. Una reflexión final.

2.3.6. Propuestas
 

2.4. Prejudicialidad penal. Incidencia en la actividad administrativa.
José María Romero de Tejada Gómez

2.4.1. Concepto

2.4.2. Principales casos en el Código Penal español

2.4.3. Preferencia de la jurisdicción penal sobre la administrativa.

2.4.4. Distinción de las cuestiones prejudiciales de otras cuestiones procesales.

2.4.5. CIases de cuestiones prejudiciales.

2.4.6. Su regulación legal.

2.4.7. Tratamiento procesal de las cuestiones prejudicia les.

2.4.8. Cuestiones que se plantean.

2.4.9. El problema del non bis in idem.

2.4.10. Conclusiones.
 

2.5. La cuestión prejudicial: estado y realidad de la misma.
Daniel de Alfonso Laso

2.6. La nulidad de los actos administrativos que sean constitutivos de delito ante la doctrina del Tribunal Constitucional, sobre cuestiones prejudiciales administrativas apreciadas por los jueces penales. En particular, el caso de la prevaricación.
Eduardo García de Enterría

ANEXO: Casuística jurisprudencial sobre responsabilidad penal y administraciones locales.
Rafael Fernández Martínez

 


Relacionados

¿Quieres conocer las últimas novedades?