Esta obra aborda un curioso fenómeno
que se está produciendo en el ordenamiento jurídico español, algo así como
una “reforma silenciosa”, tras las últimas modificaciones operadas en la
normativa mercantil, penal y tributaria, y que incorporan técnicas procedentes
del mundo anglosajón, hasta el momento inéditas en
nuestro Derecho (los principios de “cumplir o explicar”; el compliance; la
teoría del conocimiento; la diligencia debida, presente en la normativa
antiblanqueo; o la revelación de esquemas negociales)
El Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
incorpora la gestión del riesgo fiscal como una facultad indelegable del órgano
de administración de las sociedades cotizadas, así como pautas para prevenirlo.
El Código Penal, además de reconocer la responsabilidad penal de las personas
jurídicas, contempla técnicas de exención de la misma a través de la aplicación
práctica de un protocolo de prevención de delitos (compliance)
Por último, la reforma operada en 2015 en la Ley General
Tributaria, menciona el principio de cumplimiento cooperativo en su art. 92.2,
al reconocer que los contribuyentes pueden colaborar con la Administración
Tributaria “con el objeto de facilitar el desarrollo de su labor en aras de
potenciar el cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias”. Este
principio debe ser predicable de las dos partes de la relación
jurídico-tributaria, de forma que esta última se base en la transparencia, la
confianza mutua y las actuaciones preventivas y de asistencia y colaboración.
Ello requiere, de ambas, el ejercicio de unas buenas prácticas tributarias,
consideradas como el conjunto de principios, valores, normas y pautas, que
definen un buen comportamiento tributario.
En el ámbito comunitario, la Directiva DAC 6 (que se
debe trasponer antes del 31 de diciembre de 2019 y cuyas obligaciones entrarán
en vigor el 1 de julio de 2020) introduce novedades, como el deber de
información a cargo de intermediarios fiscales (asesores fiscales, bancos y
entidades aseguradoras, entre otros), que consiste en comunicar a la
Administración tributaria los esquemas transfronterizos que presenten rasgos
distintivos de planificación fiscal agresiva. Esta obligación se desplaza hacia
el propio contribuyente en aquellos casos en que se puede alegar secreto
profesional o el esquema ha sido diseñado in-house. La información así recabada,
además, será objeto de intercambio automático entre los países miembros de la
Unión Europea. Cabe la posibilidad, incluso, de que la normativa nacional
española termine extendiendo estos deberes a las operaciones puramente internas,
no transfronterizas.
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