Las continuas crisis alimentarias acontecidas en los años 90 generaron un clima de desconfianza de los consumidores en la cadena alimentaria, propiciando una nueva política alimentaria basada en la adopción de medidas dirigidas a mejorar la gestión y a restaurar la confianza de los consumidores. No obstante, la abundante normativa y la regulación del sector alimentario no han conseguido evitar que los consumidores se sientan inseguros.
La seguridad alimentaria se ve comprometida por la globalización, los avances científicos, la aparición de nuevos alimentos o los posibles riesgos asociados a éstos. Riesgos que pueden afectar a bienes jurídicos esenciales, tales como la salud pública, y que justifican, en última instancia, la intervención no sólo del Derecho administrativo sino también del Derecho penal.
Esta monografía se centra en la tutela de la salud pública mediante los denominados fraudes alimentarios nocivos, analizando si éstos pueden responder ante nuevas realidades como son los alimentos modificados genéticamente, sus implicaciones dogmáticas y, evidentemente, de lege ferenda, advirtiendo aquellas deficiencias aplicativas que precisan de una respuesta alternativa.
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