SOBRE LA ATIPICIDAD DE LAS GARANTÍAS A PRIMERA DEMANDA Y DEL SEGURO DE CAUCIÓN.

    La autora de este libro ha seleccionado dos tipos de garantía personal que, por la estructura y la calidad del sujeto que asume la garantía y por el modo de asumirla, ofrecen mayores perspectivas de cumplimiento. El análisis jurídico se realiza de dos de las más características instituciones: la garantía a primer requerimiento y el seguro de caución. El desarrollo de la monografía pone de relieve las consecuencias del distinto régimen de estas figuras contractuales. Esta aportación es importante porque las dos figuras cumplen una misma función económica: asegurar al acreedor de que podrá satisfacer su interés evitando los riesgos temporales y económicos si tuviera que dirigirse al deudor principal y éste no le pagara. El acreedor encontrará satisfecho su interés al cumplimiento con la presentación que realiza inmediatamente el garante a primer requerimiento y el asegurador de caución. Pero con una distinta estructura jurídica y con un régimen jurídico distintos.

    Los debates acerca de la calificación jurídica de cada una de estas instituciones es un debate que siempre tiene el desenlace de establecer consecuencias jurídicas partiendo del —generalmente- escueto régimen jurídico establecido en la ley —cuando en ella ha sido contemplada la figura como un tipo legal-. Se ve especialmente al tratar la figura del seguro de caución, institución conocida y regulada en la Ley del seguro privado. En el ramo del seguro de caución, perteneciente al gran grupo de los seguros de daños, el derecho del asegurador-garante elimina en gran parte su riesgo, al tener una acción de regreso para recobrar la indemnización pagada, salvo cuando el deudor es insolvente, por lo que la función económica del seguro de caución considerado aisladamente se aproxima a la función fideusoria de la garantía. Pero, no obstante, la empresa aseguradora está legitimada para realizar esta clase de seguros como empresa de seguros porque en la actividad aseguradora los riesgos de pérdida en cada uno de los contratos individuales funcionan mutualísticamente distribuyendo las pérdidas como en otros ramos del seguro.

    La otra figura estudiada —la garantía a primer requerimiento— es menos conocida, pero las actuales circunstancias económicas de crisis ha generado una mayor difusión de la misma y, consiguientemente, una mayor atención de la doctrina.

    Los lectores interesados en la lectura de esta monografía encontrarán un elenco de cuestiones que pondrán de manifiesto el contenido de la posición que asume el garante a primer requerimiento, sometido a una obligación autónoma e independiente de la que corresponde al garantizado. La obligación del garante, muchas veces una institución de crédito, es una obligación abstracta, distinta de la obligación garantizada del deudor principal. La obligación del garante de seguridad es una prestación de seguridad: el acreedor, que, a cambio de un pequeño sacrificio, elimina el peligro de una pérdida total en caso de que su deudor no cumpla.

    Los problemas jurídicos que la monografía recoge y analiza y a los que se proporciona soluciones no son imaginados. Son supuestos reales que han sucedido en el desarrollo de la actividad económica y que han sido debatidos ante los tribunales de justicia tanto españoles como extranjeros en ordenamientos con una cultura socioeconómica semejante a la nuestra. Este pensar supuestos concretos desde los casos recogidos por la jurisprudencia aleja las páginas de este libro de un planteamiento abstracto que presentara los planteamientos y discurriera por cauces puramente formales para llegar a conclusiones verbales ya contenidas en el silogismo de subsunción. Lejos de este pensamiento fosilizado la autora, sin abandonar el suelo firme del derecho positivo español en el que funciona, y manteniendo su discurso en los cuadros normativos ofrecidos por la ordenación de las figuras de las garantías ofrece la solución que estima más pertinente.

    Utilizando este método de los casos, la Prof.ª Bustillo se esfuerza por encontrar consensos que funden una doctrina interpretativa de las novedades que la institución presenta, pero sin olvidar que es deber del intérprete de una norma mostrar su disenso cuando estime que la solución acogida hasta el momento por una opinión generalizada, no se ajusta a los términos de la justicia.

    No es una casualidad que los problemas más relevantes que analiza la autora sean problemas presentados por las fórmulas que emplea la Propuesta de código mercantil sometida en el tiempo en que se escriben estas líneas a información pública. Entre otros problemas, los dos más relevantes son los siguientes. En las dos relaciones del acreedor con su deudor y con el garante, el problema más acuciante es seguramente el del ámbito de las defensas (utilizado este término más genérico que el de excepciones) que puede utilizar el garante cuando el acreedor le demanda el pago, teniendo presente la independencia que presenta la garantía del garante de la obligación garantizada. Por otro lado la autora conduce con riqueza de información y con rigor lógico el debate sobre la argumentación necesaria para llegar a una solución justa cuando el acreedor formule al fiador una petición notoriamente abusiva. Este supuesto es el que ocupa con frecuencia la crónica judicial, pues fijar el concepto de abusividad —más allá de los casos de abuso recogidos en la norma— y, sobre todo, realizar su prueba ante los tribunales nunca son tareas fáciles. En las páginas de este libro el lector podrá encontrar argumentos que apoyen, en su caso, sus peticiones.
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